Surge un segundo reclamante de terrenos en el AILA y exige el pago de lo adeudado
Santo Domingo, 18 de enero. – Víctor Manuel Caballero Castillo, de 69 años, se ha sumado como un segundo reclamante de los terrenos donde opera el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), exigiendo al Estado dominicano el pago justo por la expropiación de sus propiedades. Tras más de tres décadas de gestiones legales y una vida marcada por la frustración, asegura que no cederá a presiones ni negociaciones desventajosas.
Caballero explicó que inició sus demandas en 1992 mediante una comunicación dirigida a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, reiterada en 1993 y 1994. Su reclamo se centra en una porción de terrenos perteneciente a la Parcela 506-A del Distrito Catastral 32, así como las parcelas 484-F y 484-G, ubicadas en el Distrito Municipal La Caleta, Boca Chica, con una extensión de 607 metros cuadrados.
“El 7 de septiembre de 1994, la Consultoría Jurídica, entonces dirigida por Pedro Romero Confesor, informó que nuestro caso fue remitido a la Administración General de Bienes Nacionales para los fines correspondientes”, indicó Caballero, quien denunció la falta de respuesta favorable desde entonces.
Un proceso lleno de obstáculos
El reclamante detalló que su solicitud de permanencia en el Libro Registro de Bienes Nacionales fue recibida en 1994, pero no avanzó significativamente. Posteriormente, dirigió cartas a la Consultoría Jurídica y Aerodom para detener las negociaciones con la empresa sin antes resolver los reclamos de las familias afectadas.
En 2007, el Tribunal de Tierras del Distrito Nacional emitió la sentencia 099, ordenando al Estado pagar RD$3,645,420 por el inmueble, una decisión que fue ratificada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el pago no se materializó. En 2017, Hacienda ofreció a Caballero una propuesta que implicaba ceder el 50% del valor de los terrenos, oferta que rechazó por considerarla contraria a sus principios éticos.
“No estoy dispuesto a aceptar extorsiones ni sobornos. Quieren que uno se acerque a esos tipos mafiosos y entregue la mitad de lo que le corresponde”, expresó indignado.
Una lucha prolongada
Caballero recordó que inicialmente buscó la declaración de inconstitucionalidad del decreto que declaró de utilidad pública los terrenos, argumentando que no se cumplió con el pago justo establecido por la Constitución. Sin embargo, los tribunales han emitido sentencias que, según él, han favorecido a Aerodom y al Estado, dejándolo sin una solución efectiva.
Afirmó conocer casos de otros propietarios que aceptaron pagos reducidos bajo presión, pero enfatizó que él no cederá ante prácticas que considera injustas.
“La Constitución es clara: se debe efectuar un pago justo por las propiedades expropiadas. El Estado no ha cumplido y eso es una violación a nuestros derechos”, declaró Caballero, quien aseguró sentirse agobiado y estafado por el largo proceso.
