TC deja en estado de fallo diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad y aplaza conocimiento de uno
La audiencia fue encabezada por el presidente de esta alta corte, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier
Santo Domingo, 18 junio. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por su presidente, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, conoció durante una audiencia pública once expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, de los cuales diez quedaron en estado de fallo y uno aplazado para ser conocido en una próxima ocasión.
El primer expediente que quedó pendiente de ser fallado fue el TC-01-2025-0014, que tuvo como accionante a Plinio Arturo Alcántara Batista, quien atacó el artículo 38 de la Ley núm. 1494 del 2 de agosto de 1947, que instituye la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Asimismo, quedó a la espera de fallo el expediente TC-01-2025-0015, en el que Evaristy Jesús Jiménez Reyes impugnó la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, del 24 de febrero de 2017.
Igualmente, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0016, interpuesto por José Gilberto Núñez Brun en contra de la Ley núm. 55-24 del 18 de septiembre de 2024 que designa con el nombre de Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia La Vega.
Los jueces también declararon en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0019, cuyos accionantes, Miguel Valdemar Díaz Salazar y Shesnel Alejandro Calcaño Mena, atacaron los artículos 8 y 148 de la Ley núm. 10-15, de fecha 6 de febrero de 2015, que introduce modificaciones a la Ley núm. 76-02, de fecha 19 de julio de 2002.
De igual forma, el expediente TC-01-2025-0023, interpuesto por Mártires Rosario Reyes y Luis Alfredo Astacio Polanco en contra del artículo 241 del Código Procesal Penal Dominicana, de fecha 19 de julio de 2002, quedó pendiente de fallo.
En la misma condición está el expediente TC-01-2024-0047, cuyo accionante, Fernando Antonio Guzmán Castro, atacó los artículos del 1 al 6 de la Ordenanza Municipal núm. 03-2012, emitida por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís el 4 de octubre de 2012.
Durante la audiencia, los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0013, en el que Dany Altagracia García García, Tony de Jesús García García, Franklin de Jesús García García y José Federico García García atacaron la licencia ambiental núm. VSA-No.0001-21 del 4 de abril de 2021, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
También dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0018, cuyos accionantes, Fernando Antonio Guzmán Castro y el Consorcio de Bancas Real, impugnaron el dispositivo primero de la Resolución núm. 08-2019, de fecha 4 de marzo de 2019 y el dispositivo primero de la Ordenanza núm. 12-2014, del 29 de septiembre de 2014, emitidas por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Azua.
Por igual está a la espera del fallo el expediente TC-01-2025-0021, interpuesto por Juan Carlos Salcedo Bello, quien refutó la Resolución núm. 357-21, que declara de alto interés la celebración de concursos públicos externos para ocupar los cargos de la carrera administrativa general, en cumplimiento con la Constitución de la República y la Ley de Función Pública emitida por el Ministerio de Administración Pública el 16 de diciembre de 2021.
Además, los jueces dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0022, en el que Jhonny Robinson Almánzar atacó el Decreto núm. 178-25, del 2 de abril de 2025, expedido por el presidente de la República Dominicana.
En cuanto al expediente TC-01-2025-0020, en el que la Asociación Dominicana de Protección de Datos (ADPD) refutó el artículo 56, literal A de la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera, del 3 de diciembre de 2022, el Pleno de esta alta corte decidió aplazar su conocimiento para una próxima audiencia.
El aplazamiento se produjo luego que los jueces acogieran una petición de la Procuraduría General de la República para que se le ordene a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Monetaria emitir un informe técnico sobre el tema. Asimismo, el Pleno repuso los plazos de este caso a los fines de que cualquier parte que desee intervenir en este proceso pueda hacerlo.
En la audiencia estuvieron presentes, además del magistrado Estévez Lavandier, los magistrados Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
