Titular de la Pepca subraya gravedad de acusaciones contra Jean Alain Rodríguez y coimputados por corrupción
SANTO DOMINGO, 1 de mayo de 2025.– La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, recordó este jueves que las imputaciones formuladas contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y sus coimputados son “graves y serias”, y reiteró que la atención de la opinión pública debe centrarse en la magnitud de los delitos atribuidos, no en debates superficiales sobre la denominación de los operativos judiciales.
Ortiz respondió a preguntas de la prensa relacionadas con una reciente decisión del Tribunal Constitucional, que aborda la legalidad del nombre asignado por el Ministerio Público a la operación mediante la cual se investiga a Rodríguez Sánchez.
En sus declaraciones, lamentó que se esté discutiendo el nombre de la operación cuando lo verdaderamente relevante es el contenido del expediente que describe un amplio entramado de corrupción.
“Ahora mismo la sensibilidad y la susceptibilidad están a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre sus casos. Sin embargo, nos preguntamos si ellos tuvieron esa misma sensibilidad y ese mismo tacto cuando se robaron el patrimonio público”, manifestó la procuradora de corte.
Además, enfatizó que los acusados, incluyendo a Rodríguez Sánchez, no mostraron escrúpulos cuando incurrieron en las prácticas delictivas por las cuales hoy enfrentan juicio.
“Nos preguntamos si ellos (los procesados por corrupción) tuvieron esa misma sensibilidad cuando se robaron el patrimonio público”, insistió Ortiz, al subrayar el impacto de los delitos cometidos contra el erario nacional.
Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de que fuera aplazado para el próximo 23 de junio el inicio del juicio contra Rodríguez Sánchez y los demás implicados en el denominado caso de corrupción administrativa, debido a la ausencia del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto en la audiencia ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Contexto del caso
El proceso penal contra Jean Alain Rodríguez y sus coimputados abarca cargos por soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, todos presuntamente cometidos durante su gestión como procurador general de la República, entre los años 2016 y 2020.
Además de Rodríguez y Solano Augusto, en el expediente figuran Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También están implicados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Según la acusación formulada por el Ministerio Público, el grupo estructuró un esquema fraudulento dentro de la Procuraduría General de la República, mediante el cual malversaron más de 6,000 millones de pesos del Estado dominicano.
El documento acusatorio detalla la utilización de empresas fachada, contratos simulados y otras maniobras ilegales para desviar fondos públicos en beneficio personal y político.
El caso fue enviado a juicio de fondo el 29 de junio de 2023, por disposición del juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien al leer su decisión destacó la existencia de elementos probatorios suficientes para justificar un juicio penal.
En su resolución, el magistrado presentó una síntesis de las líneas de investigación que sustentan la acusación, entre ellas múltiples irregularidades en contrataciones, desvío de recursos y pago de sobornos.
El expediente judicial incluye a 41 personas físicas y 22 empresas, todas vinculadas a lo que el Ministerio Público considera una red criminal montada desde el interior de una de las instituciones más importantes del Estado.
Una señal de firmeza institucional
La titular de la Pepca aprovechó la oportunidad para reiterar el compromiso del Ministerio Público con la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento institucional. Indicó que las acciones emprendidas contra el exprocurador y su círculo cercano son una muestra de que nadie está por encima de la ley.
Ortiz insistió en que los esfuerzos para sancionar este caso emblemático deben mantenerse alejados de distracciones procesales que intentan desviar la atención pública. “La sociedad dominicana está observando, está pendiente. La confianza en las instituciones se construye a través de resultados y responsabilidad, no de simbolismos”, concluyó.
