Tragedia en Jet Set: un año después, el dolor persiste entre víctimas y familiares
Santo Domingo, 8 marzo. – La madrugada del 8 de abril marcó un antes y un después para decenas de familias dominicanas. Lo que comenzó como una noche de celebración en la discoteca Jet Set terminó convirtiéndose, en cuestión de horas, en una tragedia que aún hoy deja huellas profundas de dolor, pérdidas irreparables y un persistente reclamo de justicia.
Una familia de cinco integrantes quedó devastada en apenas tres horas. Carlos Severino, visiblemente afectado, relató que la felicidad, los planes y los proyectos de vida de sus seres queridos se desvanecieron en un instante. Entre lágrimas, describió cómo las aspiraciones de superación de los jóvenes de su familia quedaron truncadas por el desastre.
El drama se repite en múltiples hogares. Manny Arisleydi Díaz Patricio y Agustín René Méndez Suberví, una pareja con 25 años de matrimonio, fallecieron dejando en la orfandad a tres hijos de 24, 20 y 17 años. Según allegados, eran una familia ejemplar, sin conflictos visibles, cuya ausencia ha dejado un vacío irreparable.
Las consecuencias también alcanzaron a quienes sobrevivieron. Lenin, hermano de Manny, sufrió graves lesiones: múltiples cirugías craneales, cinco costillas fracturadas, daños en la espalda y extremidades, además de una parálisis maxilofacial parcial.
El impacto emocional también afectó a sus padres: su madre fue diagnosticada con el síndrome del corazón roto y sometida a un cateterismo, mientras que su padre permaneció dos meses en cuidados intensivos, con pronóstico reservado.
Los sueños de decenas de jóvenes y adultos —médicos, ingenieros, estudiantes, empresarios— quedaron sepultados bajo los escombros. Otros sobrevivieron, pero cargan con la pérdida de sus seres queridos.
Anastacio Peguero y su esposa Claribel Castro son testimonio vivo de esa tragedia. Asistieron al evento acompañando a su hija, Clarisleny Peguero Castro, de 20 años, quien no sobrevivió. La joven estaba próxima a graduarse con honores.
Anastacio permaneció 13 horas atrapado bajo los escombros y varios días en cuidados intensivos. Su esposa sufrió lesiones graves en la pelvis, extremidades y arterias. Sin embargo, ambos coinciden en que ninguna herida física se compara con la pérdida de su hija.
A dos meses del hecho, Anastacio describía su dolor como creciente, marcado por los recuerdos de los sueños y aspiraciones que su hija no pudo cumplir.
Entre los sobrevivientes también se encuentra Jenniffer Taveras, quien tras dos meses hospitalizada logró recuperarse, aunque con secuelas físicas que la obligan a movilizarse en silla de ruedas. Asimismo, Bartolo Reyes, empleado del establecimiento, permaneció 56 días ingresado antes de sobrevivir para contar lo ocurrido.
Proceso judicial y denuncias
El 15 de abril de 2025 se presentó la primera querella formal contra Antonio Espaillat, propietario del centro nocturno. La acción legal fue interpuesta por familiares del primer teniente de la Policía Nacional, Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas fatales.
La demanda incluyó también al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), por presunto incumplimiento en la supervisión del establecimiento. Se acusó a los propietarios y a la empresa Inversiones E y L, S.R.L., de homicidio involuntario, solicitando indemnizaciones por daños materiales y morales.
Días después, el 23 de abril, Antonio Espaillat ofreció declaraciones públicas en las que explicó que el techo del local estaba compuesto por plafones de yeso que eran reemplazados con frecuencia debido a filtraciones de agua provenientes de los sistemas de aire acondicionado. El último cambio se realizó el 7 de abril, apenas un día antes del colapso.
Sin embargo, en junio, el caso tomó un nuevo giro. Gregory Adames, empleado del establecimiento y sobreviviente, declaró ante el Ministerio Público que había advertido previamente sobre el deterioro del techo e incluso sugirió suspender el evento.
Posteriormente, Antonio y Maribel Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados en la Procuraduría General de la República (PGR). Luego de una semana detenidos, obtuvieron su libertad tras el pago de una fianza de 50 millones de pesos.
No fue sino hasta noviembre cuando el Ministerio Público presentó la acusación formal. Las investigaciones señalaron que el techo presentaba deficiencias estructurales desde hacía 14 años, agravadas por modificaciones como la instalación de equipos pesados y la eliminación de una columna clave sin evaluación técnica.
Los hermanos Espaillat fueron acusados de homicidio involuntario y de causar lesiones, conforme a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
El juicio preliminar inició el 12 de enero de este año, caracterizado por múltiples aplazamientos. Según el abogado Carlos Salcedo, alrededor de 100 familias y 85 lesionados han desistido de las acciones legales, quedando unas 60 querellas activas.
Un reclamo que sigue en las calles
Desde el inicio del proceso judicial, familiares de las víctimas han llevado su reclamo más allá de los tribunales. Marchas hacia el Palacio Nacional, concentraciones en Haina y otras localidades han evidenciado que la herida sigue abierta.
A un año de la tragedia, la familia Espaillat emitió un comunicado expresando solidaridad con las víctimas y afirmando no ser ajenos al dolor causado.
Mientras tanto, el Ministerio Público ha solicitado la apertura de juicio de fondo. El tribunal aplazó la continuación del proceso para el próximo 20 de abril, en medio de nuevas pericias y el constante clamor de justicia de los afectados.
Un año después, el país aún recuerda aquella madrugada como una de las más dolorosas de su historia reciente. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, siguen presentes en quienes sobrevivieron y en las familias que aún esperan respuestas.
