Tribunal admite acusación resumida del Ministerio Público en el Caso Calamar y advierte a la defensa sobre tácticas dilatorias
Santo Domingo, 26 de abril. – El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó al Ministerio Público a presentar de manera resumida su acusación contra los imputados en la presunta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Calamar, según informó la procuradora general de corte y representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
De acuerdo con el Ministerio Público, la audiencia preliminar fue aplazada debido a una recusación planteada contra la jueza de instrucción Altagracia Ramírez por parte de las defensas de los imputados Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
La recusación fue enviada a la Corte de Apelación del Distrito Nacional para su conocimiento, motivo por el cual la audiencia quedó suspendida hasta el 2 de mayo.
La jueza Ramírez, conforme a lo indicado por el Ministerio Público, advirtió en audiencia que los incidentes presentados podrían constituir “un litigio temerario” y sugirió que podrían estar siendo utilizados como una “estrategia dilatoria”, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal.
La recusación fue encabezada por la defensa de Gonzalo Castillo, quien, según la información proporcionada por la Pepca, recurre por segunda vez a este tipo de mecanismo durante el proceso. Posteriormente, se sumaron las defensas de Guerrero y Peralta.
Mirna Ortiz explicó que la decisión de la jueza de permitir una presentación resumida de la acusación está amparada en los artículos 300 y 318 del Código Procesal Penal, así como en los principios de celeridad y razonabilidad que rigen los procesos judiciales.
En el expediente de Operación Calamar, el Ministerio Público acusa a un total de veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña electoral de 2020.
Entre los imputados además de Castillo, Peralta y Guerrero, se encuentran el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público sostiene que los imputados incurrieron en delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos, señalando que el caso representa uno de los mayores esquemas de corrupción en la historia reciente del país.
