Tribunal Superior Administrativo decidirá hoy sobre recorte de fondos a partidos políticos en República Dominicana
Santo Domingo, 25 de marzo – El Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitirá hoy su fallo respecto al amparo de extrema urgencia presentado por los partidos de oposición contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y la Junta Central Electoral (JCE) por el recorte del 50% de los fondos destinados a ellos en este año electoral.
El artículo 224 de la Ley Electoral establece claramente la asignación de las partidas presupuestarias a los partidos políticos durante los años de elecciones generales. Según esta disposición, se debe consignar en el presupuesto general del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales. Sin embargo, los partidos de oposición han denunciado que el gobierno, a través de la JCE, solo asignó el 50% de estos fondos, superando los 2 mil 500 millones de pesos.
Los partidos opositores sostienen que el gobierno central no ha cumplido con la asignación correspondiente del 0.5% de los ingresos fiscales, que para este año debería ascender a 5 mil 111 millones 750 pesos. Alegan que el Ministerio de Hacienda pretende recortar la mitad de estos fondos, violando la Constitución de manera flagrante.
En un documento dirigido a varias instituciones gubernamentales, la JCE ha confirmado el derecho de los partidos a reclamar los recursos faltantes y ha detallado que la partida asignada este año fue de 2 mil 520 millones 800 mil pesos. Sin embargo, las organizaciones exigen que los fondos pendientes se entreguen a más tardar en abril.
Los partidos de oposición han señalado que este recorte del 50% responde a un presunto plan del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para asfixiar económicamente a sus adversarios y crear una competencia desigual en las elecciones de este año. Acusan al gobierno de utilizar los recursos del Estado para favorecer a las candidaturas del partido oficial en detrimento de la oposición.
El fallo del TSA será crucial para determinar si los partidos de oposición recibirán los fondos completos que les corresponden según la ley electoral, lo que podría tener un impacto significativo en la equidad y la transparencia de las próximas elecciones en la República Dominicana.
