Trump amenaza deportaciones masivas y Centroamérica se prepara ante llegada de migrantes vulnerables

SAN PEDRO SULA, Honduras, 16 diciembre— Mientras decenas de migrantes deportados se agolpan en las sofocantes instalaciones del aeropuerto de San Pedro Sula, Norma se sienta bajo las luces fluorescentes con un vaso desechable de café y un pequeño plato de huevos, todo lo que le esperaba en Honduras.

La mujer hondureña de 69 años nunca había imaginado dejar su país centroamericano. Pero luego llegaron las amenazas de muerte anónimas a ella y a sus hijos y los hombres armados que aparecieron en su puerta amenazando con matarla, justo como habían matado a uno de sus familiares días antes.

Norma, quien pidió anonimato por preocupación por su seguridad, gastó sus ahorros de toda la vida, 10.000 dólares, en un viaje solo de ida hacia el norte a finales de octubre con su hija y nieta.

Pero después de que sus solicitudes de asilo en Estados Unidos fueran rechazadas, fueron embarcadas en un vuelo de deportación. Ahora, está de vuelta en Honduras al alcance de la misma pandilla, atrapada en un ciclo de violencia y precariedad económica que atormenta a deportados como ella.

“En cualquier lugar de Honduras nos pueden buscar”, dijo en la instalación de procesamiento de migrantes. “Solo la protección de Dios tenemos, porque no esperamos nada del gobierno”.

Ahora, mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para asumir el cargo en enero con la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas, Honduras y otros países centroamericanos de donde la gente ha huido por generaciones se preparan para una posible afluencia de migrantes vulnerables, una situación para la cual están mal preparados.

“No hay capacidad”

Honduras, Guatemala y El Salvador, que tienen el mayor número de personas viviendo ilegalmente en Estados Unidos, después de México, podrían ser los primeros y más afectados por las deportaciones masivas, dijo Jason Houser, antiguo jefe de personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el gobierno de Biden.

Debido a que países como Venezuela se niegan a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos, Houser sugiere que el gobierno de Trump podría priorizar la deportación de los migrantes “más vulnerables” de esos países que tienen órdenes de expulsión pero no antecedentes penales, en un esfuerzo por aumentar rápidamente los números de deportación.

“Los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños deben estar muy, muy nerviosos porque (los funcionarios de Trump) van a presionar los límites de la ley”, señaló Houser.

Los migrantes y las redes que ayudan a los deportados en esos países del Triángulo Norte de Centroámerica temen que su regreso pueda sumergirlos en crisis económicas y humanitarias aún más profundas, alimentando la migración a futuro.

“No hay capacidad” para recibir a tanta gente, afirmó Antonio García, viceministro de Asuntos Exteriores de Honduras. “Hay muy poco que existe para los retornados”. Aquellos que regresan, dijo, “son los ultimos en la fila”.

De regreso a Estados Unidos

Desde 2015, Honduras ha recibido alrededor de medio millón de deportados. Bajan de aviones y autobuses para ser recibidos con café, pequeños platos de comida y bolsas de pasta de dientes y desodorante. Mientras algunos suspiran aliviados, libres de las duras condiciones en las instalaciones de detención de Estados Unidos, otros lloran, presos del pánico.

“Qué hacemos ahora, no sabemos lo que queda adelante”, dijo una mujer en un grupo de deportados que esperaban a ser llamados por un hombre que apuntaba en un teclado.

Aproximadamente 560.000 hondureños, alrededor del 5% de la población del país, viven en Estados Unidos sin estatus legal, según cifras del gobierno de Estados Unidos. De ellos, expertos en migración estiman que unos 150.000 pueden ser localizados y expulsados rápidamente.

Mientras García dijo que el gobierno ofrece servicios para ayudar a los retornados, la mayoría son liberados con poca ayuda en un país dominado por pandillas. Tienen pocas opciones de trabajo para pagar deudas aplastantes. Otros, como Norma, no tienen a dónde ir, incapaces de regresar a casa debido a los miembros de pandillas que rondan su hogar.

Norma dijo que no está segura de por qué fueron objetivo, pero cree que fue porque el familiar que fue asesinado tenía problemas con una pandilla. A pesar de la represión, García estima que hasta el 40% de los deportados hondureños vuelven a emprender el camino hacia Estados Unidos.

Una crisis humanitaria inminente

Larissa Martínez, de 31 años, está entre aquellos que han luchado por reintegrarse a la sociedad hondureña después de ser deportada de Estados Unidos en 2021 con sus tres hijos. Impulsada por la desesperación económica y la ausencia de su esposo, quien había migrado y la dejó por otra mujer, la madre soltera buscó una vida mejor en Estados Unidos.

Desde su regreso a Honduras, Martínez ha pasado los últimos tres años buscando trabajo, no solo para mantener a sus hijos, sino también para pagar los 5.000 dólares que debe a familiares por el viaje hacia el norte.

Sus esfuerzos han sido infructuosos. Construyó una casa de madera tambaleante escondida en las laderas de San Pedro Sula, donde vende carne y queso para subsistir, pero las ventas han sido escasas y las lluvias tropicales han erosionado las endebles paredes donde duermen.

Así que ha comenzado a repetir un mantra en su cabeza: “Si no encuentro trabajo en diciembre, me voy en enero”.

César Muñoz, líder en la Comisión de Acción Social Menonita, dijo que las autoridades hondureñas han abandonado a deportados como Martínez, dejando que organizaciones como la suya intervengan. Pero con tres vuelos de deportación llegando semanalmente, las redes de ayuda ya están saturadas.

Un aumento significativo podría dejar a las redes de ayuda, a los migrantes y a sus familias tambaleándose. Mientras tanto, países como Honduras, que dependen en gran medida de las remesas de Estados Unidos, podrían enfrentar graves consecuencias económicas a medida que se corta esta línea de vida esencial.

“Estamos a las puertas de una nueva emergencia humanitaria”, dijo Muñoz.

El regreso de Trump ha sido recibido con una variedad de reacciones por parte de las naciones latinoamericanas conectadas con Estados Unidos a través de la migración y el comercio.

Guatemala, un país con más de 750.000 ciudadanos que viven sin autorización en Estados Unidos, anunció en noviembre que estaba trabajando en una estrategia para enfrentar posibles deportaciones masivas. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que México ya está reforzando los servicios legales en sus consulados en Estados Unidos y que le pediría a Trump que deporte a los no mexicanos directamente a sus países de origen.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Honduras, García, expresó escepticismo sobre la amenaza de Trump, citando los beneficios económicos que los migrantes proporcionan a la economía estadounidense y los desafíos logísticos de las deportaciones masivas. Líderes de ayuda como Muñoz dicen que Honduras no se está preparando adecuadamente para un posible aumento en las deportaciones.

Incluso con una represión por parte de Trump, sería “imposible” detener a las personas de migrar, dijo García. Impulsados por la pobreza, la violencia y la esperanza de una vida mejor, grupos de deportados suben a autobuses en su camino de regreso a Estados Unidos.

A medida que las deportaciones por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas aumentan, los traficantes ofrecen a los migrantes paquetes en los que obtienen tres intentos para llegar al norte. Si los migrantes son capturados en su viaje y enviados de vuelta a casa, aún tienen dos oportunidades para llegar a Estados Unidos.

Recién regresada a Honduras, Kimberly Orellana, de 26 años, dijo que pasó tres meses detenida en una instalación en Texas antes de ser enviada de vuelta a San Pedro Sula, donde esperó en una estación de autobuses a que su madre la recogiera.

Sin embargo, ya estaba planeando regresar, diciendo que no tiene otra opción: su hija de 4 años, Marcelle, la esperaba, cuidada por una amiga en Carolina del Norte.

Las dos fueron separadas por traficantes al cruzar el Río Grande, con la esperanza de aumentar sus posibilidades de cruzar con éxito. Orellana le prometió a su hija que se reunirían.

“Mami, ¿segura que vas a venir?”, le pregunta Marcelle por teléfono.

“Ahora que estoy acá es bien difícil saber que puedo cumplir esa promesa ahora”, dijo Orellana, aferrándose a su pasaporte hondureño. “Me toca hacerlo, intentar… mi hija es la unica que yo tengo”. AP