Trump ordena al ejército de EE. UU. actuar contra cárteles latinoamericanos calificados como terroristas
Washington, 10 agosto. – El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva que ordena al Pentágono utilizar fuerzas militares contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha clasificado como organizaciones terroristas, según revelaron fuentes familiarizadas con el asunto.
Esta medida representa el paso más agresivo de su gobierno en la campaña contra el narcotráfico y evidencia la disposición de Trump de emplear recursos militares para combatir lo que tradicionalmente ha sido considerado un ámbito de actuación policial, con el objetivo de frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales hacia Estados Unidos.
La orden abre la posibilidad de ejecutar operaciones militares directas, tanto marítimas como en territorio extranjero, contra los grupos señalados.
De acuerdo con fuentes bajo condición de anonimato, funcionarios militares estadounidenses ya trabajan en opciones para llevar a cabo las acciones. Sin embargo, la decisión plantea interrogantes legales, entre ellos si la muerte de civiles —incluso sospechosos— fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría ser considerada un “asesinato” bajo las normas internacionales y nacionales.
No está claro si los asesores legales de la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado han emitido una opinión formal sobre el alcance jurídico de la directiva.
En lo que va de año, Trump ha reforzado la presencia militar en la frontera suroeste, desplegando tropas en servicio activo y la Guardia Nacional para frenar tanto el flujo de drogas como de migrantes.
Desde su retorno a la presidencia en enero, también ordenó al Departamento de Estado designar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, con especial atención a estructuras criminales venezolanas y mexicanas.
En febrero, el Departamento de Estado incluyó al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a otras agrupaciones en esa lista, alegando que representan “una amenaza para la seguridad nacional” más allá de la delincuencia organizada tradicional.
Más recientemente, el gobierno incorporó al Cartel de los Soles venezolano a la lista de terroristas globales especialmente designados, asegurando que es dirigido por el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno.
El jueves pasado, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro se duplicaba hasta 50 millones de dólares. La fiscala general Pam Bondi sostuvo que el mandatario venezolano “no escapará a la justicia” y que deberá responder por “sus despreciables crímenes”.
Consultada sobre la autorización militar contra los cárteles, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró por correo electrónico que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, y por eso dio el audaz paso de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”. El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios.
De concretarse, los ataques militares unilaterales marcarían una fuerte escalada en la lucha contra el narcotráfico, situando a las fuerzas estadounidenses en un rol directo y de primera línea frente a organizaciones criminales fuertemente armadas.
Analistas advierten que una campaña prolongada podría reavivar los debates sobre los límites legales y constitucionales del uso del ejército en tareas tradicionalmente policiales.
Estados Unidos ha tenido precedentes de acción militar en la región con fines antidroga. En 1989, el presidente George H. W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para capturar a Manuel Noriega, entonces acusado de narcotráfico en tribunales estadounidenses.
Antes de esa operación, William Barr —quien en ese momento dirigía la Oficina del Asesor Legal y luego fue fiscal general durante el primer mandato de Trump— elaboró un controvertido informe que avalaba arrestos de fugitivos en el extranjero sin consentimiento del país afectado. La Asamblea General de la ONU calificó aquella intervención como una “flagrante violación del derecho internacional”.
