Trump se aferra a un rocambolesco argumento legal para seguir en la liza electoral
Marta Garde
Washington, 3 enero.- La eventual presencia de Donald Trump en las papeletas electorales de dos estados de Estados Unidos depende de la interpretación que se dé a un solo párrafo de la Constitución, que acapara las denuncias de sus opositores y los recursos que el exmandatario ya ha presentado y contempla.
La sección 3 de la enmienda XIV establece que no podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, (…) quien hay jurado previamente defender la Carta Magna también hubiera tomado parte en alguna insurrección contra Estados Unidos o haya prestado ayuda a enemigos del país.
Colorado y Maine expulsaron a Trump en diciembre de las elecciones primarias del partido Republicano en esos estados apoyándose en ese argumento por su rol en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. A su vez, la defensa legal del exmandatario estadounidense, entre 2017 y 2021, se aferra entre otras alegaciones a que el párrafo no menciona el cargo de presidente entre los puestos vetados.
“Tienes que retorcer muchísimo el lenguaje para decir que el presidente no está incluido”, apunta a EFE Jackson Barlow, profesor de Políticas en la universidad Juniata College, de Pensilvania.
El argumento de Trump
Esa enmienda de 1868 se aprobó después de la guerra civil estadounidense, entre 1861 y 1865, para evitar que personas cercanas a los sublevados sureños de la Confederación pudiesen llegar al poder y desde entonces, según la organización Citizens for Ethics, se ha aplicado solo a ocho personas en jerarquías de menor rango.
Trump podría ser la novena si sus recursos no dan resultado y ha adentrado al país en “territorio desconocido”, añade Justin Crowe, profesor de Ciencias Políticas en la universidad Williams College de Massachusetts.
El recurso contra la decisión de Maine fue introducido este martes y se espera que haga lo mismo contra la resolución de Colorado que debe ser muy pronta, puesto que el plazo para hacerlo termina el jueves.
En los dos casos penales que Trump tiene abiertos en Georgia y Washington DC por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones a la Presidencia de 2020, ganadas por el Joe Biden, no está imputado por insurrección.
Matices del lenguaje
“¿Qué significa haber participado en una insurrección o rebelión? No está especificado, así que está abierto a la interpretación. ¿Y es suficiente que el Supremo de Colorado o la secretaría de Estado de Maine afirmen que se ha dado tal insurrección? Esto subraya las complicaciones del esfuerzo para descalificar a Trump”, apunta a EFE el experto de Williams College.
En el sistema federal estadounidense cada estado es responsable de organizar las elecciones, incluso las de presidente, y tienen así la potestad de expulsar a un candidato aunque no estuviera imputado.
Cada estado tiene en Estados Unidos tantos electores como miembros en el Congreso. Un candidato a la Presidencia necesita el voto de al menos 270 para ganar las elecciones y tradicionalmente quien gana en un estado consigue el voto de todos sus electores.
“Un voto puede marcar la diferencia, por lo que se trata de un asunto importante”, subraya Richard Groper, profesor en la California State University de Los Ángeles, para quien es “difícil pero no imposible” demostrar que Trump hizo parte de la “insurrección” del 6 de enero.
El Supremo podría posicionarse y fijar una postura que se pueda aplicar a todos los estados si decide implicarse.
Implicaciones legales y políticas
El alcance de estos casos supera ya lo meramente legal. Trump es el precandidato del partido Republicano favorito de cara a las presidenciales del próximo noviembre y, según Crowe, podría beneficiarse de la situación actual sin importar cómo termine.
Si gana sus recursos en Colorado y Maine, para reprocharle a liberales y demócratas que hayan intentado alejarlo de las urnas, y si los pierde, para movilizar a la población y de esta manera solicitar más apoyo con el argumento de que el bando contrario está tan “asustado” que quiere vetarlo.
“Nunca ha pasado algo similar antes y nuestras instituciones van a verse desafiadas este año para responder a la amenaza que Trump, sus seguidores y sus abogados les suponen”, coincide Barlow, para quien el país están tan polarizado que hay quienes pueden ver justificado saltarse los mecanismos políticos tradicionales para conseguir sus fines.
