Turismo entre el malestar ciudadano: ¿Qué están haciendo las autonomías y los ayuntamientos?
Madrid, 25 septiembre.- El verano, la temporada más potente para el turismo en España (salvo en Canarias, donde es en invierno), ha hecho emerger con más fuerza el debate sobre la masificación turística, que ayuntamientos y comunidades con más presión viajera tratan de abordar mediante diferentes medidas, entre las que destaca la ordenación de los pisos turísticos o la tasas.
El Día Mundial de Turismo, que se celebra el próximo viernes 27, tiene lugar en un momento en el que afloran las protestas contra el turismo de masas por el impacto que provoca en la vida de las ciudades o el aumento desorbitado de los precios de la vivienda, que expulsa a los residentes.
El asunto tiene otras aristas, especialmente en el caso de España, un país en el que cerca del 13 % del PIB depende directamente del turismo, que da empleo directo a casi tres millones de personas, el 14 % de la fuerza laboral del país. En comunidades más intensivas, como los archipiélagos, estas cifras superan el 30 %.
El grueso de las actuaciones para tratar de controlar el crecimiento desordenado se centra en las seis comunidades autónomas con mayor presión turística: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.
En los últimos meses se han producido manifestaciones en contra de esa masificación en Canarias -las más numerosas-, en Baleares y en Cantabria.
Cataluña: tasa y fin a los pisos turísticos
Cataluña -con 7,9 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- es la principal receptora de turistas extranjeros (18,2 millones en 2023), a los que se suman 23,7 millones de viajes nacionales.
Este verano se han visto en las calles catalanas brotes de turismofobia menores, al tiempo que crece la preocupación sobre el aumento de los hurtos y robos con fuerza.
El Ayuntamiento de Barcelona (PSC) ha suspendido las licencias de viviendas de uso turístico (VUT) a partir de 2028, medida fuertemente criticada por los propietarios, que exigen indemnizaciones por 1.000 millones.
Desde 2012, Cataluña carga una tasa sobre estancias en establecimientos turísticos y Barcelona limita la apertura de nuevos hoteles en el centro y varias zonas de la ciudad.
Palma se manifestó en julio de forma masiva
En Baleares -que en 2023 recibió 14,4 millones de extranjeros y casi 3,6 millones de viajes de nacionales con una población de 1,2 millones- en julio pasado hubo una gran manifestación en el centro de Palma contra la masificación, pero también ha habido otras protestas como la ‘ocupación’ de la playa más ‘instagrameada’ de Mallorca: Caló des Moro.
El Parlament, con mayoría del PP, está tramitando una norma que sancionará a los dueños de VUT que no eviten las fiestas de sus inquilinos. Los hoteleros reclaman mayor control del alquiler turístico ilegal, al que atribuyen los problemas de convivencia.
El Gobierno regional acordó con las grandes navieras limitar los cruceros que atracan en el puerto de Palma a tres al día (solo uno puede tener capacidad superior a los 5.000 pasajeros), que está vigente hasta fin de este año.
Canarias abrió las protestas
Canarias -con 13,9 millones de entradas de turistas extranjeros en 2023 y 7,1 millones de nacionales para 2,2 millones de habitantes- inauguró en abril pasado las manifestaciones masivas contra el turismo masivo, con 100.000 personas en la calle de manera simultánea en las capitales de todas las islas.
El Parlamento regional (con mayoría de Coalición Canaria y PP) rechaza imponer una tasa turística y las peticiones de licencias para alquileres turísticos se aceleran ante la expectativa de una regulación anunciada.
Entre tanto, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha el control y tasa de acceso a uno de los espacios naturales más amenazados por la saturación, el barranco de Masca; y el Cabildo de Gran Canaria planea limitar el acceso al Roque Nublo.
Sevilla cobrará por entrar en la Plaza de España
En Andalucía -con 12,2 millones de extranjeros en 2023, 31,8 millones de viajes nacionales y 8,6 millones de habitantes- la mayoría de las capitales están a favor de la tasa turística, siempre que se aplique con consenso, mientras que Jaén o Huelva la descartan.
En Sevilla, el alcalde, José Luis Sanz, (PP) tiene decidido acotar la Plaza de España para cobrar 3-4 euros a los turistas. El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de aguas, ha efectuado los primeros cortes de suministro a varias viviendas turísticas ilegales.
Málaga capital (PP) pidió en agosto a la Junta que cancele la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de 1.120 viviendas por carecer de acceso y servicios independientes; y el de Fuengirola ha revocado por esto mismo 600 solicitudes desde el 22 de febrero.
Comunidad Valenciana: ‘Yo también soy turista’
En la Comunidad Valenciana (10,5 millones de turistas internacionales y 18,5 millones de viajes nacionales, con 5,2 millones de habitantes) el Ejecutivo (PP) no ve un problema de turismofobia y ha lanzado una campaña, junto a la patronal hotelera Hosbec, llamada ‘Yo también soy turista’.
La Comunidad dispone de una nueva regulación de VUT que obliga a comunicar la referencia catastral para no causar baja en el registro, y ha endurecido las sanciones.
El actual Gobierno regional derogó en noviembre la tasa turística que había aprobado el equipo anterior (liderado por el PSPV) por considerarla una barrera a la llegada de turistas y una tasa “ideológica”.
Madrid prepara nueva norma
En Madrid -la sexta comunidad que más turistas extranjeros recibió en 2023, con 7,84 millones de internacionales, a los que se suman 11,95 millones de viajes nacionales para cerca de siete millones de habitantes- la Comunidad (PP) ha iniciado los trámites para endurecer la normativa de control de las VUT y las sanciones.
Pese a que la ciudad de Madrid recibe anualmente más de 10 millones de turistas y se ha convertido en el tercer destino urbano en el mundo, no ha habido protestas masivas por el impacto del turismo.
El Ayuntamiento (PP) suspenderá las nuevas licencias para VUT y aumentará las sanciones a las ilegales, al tiempo que trabaja en un plan estratégico que recoge la vuelta de la Fórmula 1 o potenciar el turismo en los meses de verano, los más flojos en la capital.
En Galicia, protestas aisladas
En Galicia, este verano se han producido protestas “imaginativas” aisladas, como las de los vecinos de la parroquia de O Hío, en Cangas do Morrazo (Pontevedra), hartos de los coches mal aparcados en las playas; o el cierre de un bar en Mera en las fiestas por el cansancio del “turismo de mala calidad” o los “fodechinchos” (turistas maleducados).
La Xunta (PP) ha dado luz verde a la tasa turística para que pueda estar en marcha el próximo 1 de enero y permitirá a los ayuntamientos que lo soliciten -por el momento solo Santiago- gestionar, recaudar e inspeccionar este tributo directamente.
En Santiago (BNG), a finales de junio se aprobó una norma que otorga licencias de pisos vacacionales únicamente durante 60 días al año, siempre y cuando la persona que lo alquila resida en la vivienda al menos 183 días.
Cantabria no quiere ser ‘la Ibiza del norte’
En Cantabria, en mayo pasado miles de personas se manifestaron bajo el lema ‘no queremos ser la Ibiza del norte’, en respuesta a un proyecto de un macrocomplejo turístico entre las localidades de Loredo y Langre (Ribamontán al Mar).
La comunidad (PP) trabaja desde hace meses en un nuevo decreto de viviendas de uso turístico y en la regulación de las autocaravanas.
El Gobierno asturiano (PSOE) impulsará la regulación de las VUT, con requisitos más estrictos y sanciones más severas a los infractores.
En el País Vasco no ha habido reacción social
En el País Vasco, el incremento del turismo no ha generado hasta el momento una reacción social y solo se percibe como un problema en puntos concretos, como en la Parte Vieja de San Sebastián, los cascos antiguos de Bilbao o Bermeo y el entorno de San Juan de Gaztelugatxe.
El Gobierno autonómico (PNV-PSE) prepara una tasa turística autonómica, no municipal, inferior a 10 euros, que quiere tener activa en 2025. También el ayuntamiento de Bilbao estudia una tasa.
El Ayuntamiento de San Sebastián (PNV), la capital más congestionada, mantiene la suspensión de las licencias de nuevos alojamientos, vigente desde marzo de 2023, y desde este verano los grupos de visitas guiadas no pueden ser de más de 25 personas.
En Pamplona (EH-Bildu), el consistorio aprobará este año el fin de las licencias para nuevos apartamentos turísticos en el Casco Viejo.
Toledo quiere poner tasa a los autobuses
En Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo (PP) estudia que los turoperadores que fleten autobuses con turistas paguen aproximadamente 1,50 euros por cada viajero.
En Castilla y León no existen, de momento, corrientes contrarias a la presencia de turistas, aunque en ciudades universitarias como Salamanca y Valladolid se observan aumentos de precios en la vivienda. Tampoco se detectan tensiones en La Rioja ni en Ceuta.
En el lado opuesto, Murcia (PP) trabaja en la promoción en ferias nacionales e internacionales para dar a conocer el destino. Melilla (PP) busca atraer visitantes subvencionando el 75 % del precio del billete y parte del alojamiento.EFE
