Un informe de AI señala «violaciones masivas» de derechos humanos en El Salvador
San Salvador, 27 mar (EFE).- La organización internacional Amnistía Internacional (AI) señaló en su informe anual que el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022 «conllevó violaciones masivas de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho».
«Las autoridades declararon un estado de excepción que conllevó violaciones masivas de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho, así como el deterioro grave y continuo del acceso a la información pública», indicó AI.
Advirtió que «la mayoría de las más de 60.000 detenciones efectuadas durante el estado de excepción eran presuntamente arbitrarias porque no cumplían los requisitos legales, concretamente que se hubiera dictado una orden de arresto o que la persona en cuestión hubiera sido sorprendida en flagrante delito».
La medida, ampliada en 12 ocasiones por términos de 30 días por parte del Congreso de mayoría oficialista, fue implementada tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
«Miles de personas fueron procesadas de manera indiscriminada, y a la mayoría de ellas se les negó el contacto con sus abogados, el acceso al expediente del caso, la información sobre los motivos de su detención o el derecho a ser oídas en la vista de acusación formal», sostuvo la ONG.
Acotó que, a su juicio, en este contexto la Asamblea Legislativa «aprobó enmiendas procesales y penales contrarias al derecho internacional», como realizar audiencias «sin que la parte acusada estuviera presente, no revelar la identidad de los jueces, y suprimir los periodos máximos de detención en espera de juicio».
AI reportó que El Salvador «presentó el índice de privación de libertad más elevado del mundo» con las detenciones bajo el régimen, que superan las 65.000.
La tasa de encarcelamiento llegó a «1.927 personas presas por cada 100.000 habitantes» con más de 94.000 personas recluidas al cierre del 2022, «pese a que las prisiones tenían capacidad para albergar a 30.864, según datos oficiales de febrero de 2021 obtenidos por organizaciones locales».
«El hacinamiento extremo daba lugar a violaciones del derecho a la vida y la integridad física, y provocó problemas graves de saneamiento y escasez de alimentos y productos básicos de higiene, lo que afectó gravemente a la salud de la población», agregó.
De acuerdo con las organizaciones humanitarias locales, son más de 100 personas detenidas en régimen que han fallecido en custodia estatal.
ATAQUES A PRENSA Y ACTIVISTA
Por otra parte, AI añadió que el país centroamericano también se mantuvieron «los ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos» seguían siendo habituales.
Indicó que la Asamblea Legislativa no aprobó una ley para garantizar «los derechos de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado (1980-1992) y además «continuaba vigente la prohibición total del aborto».
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.
