Un llamado al Presidente para salvar su legado
Por Miguel Liberato
En dos campañas presidenciales consecutivas —2016 y 2020— el presidente Luis Abinader asumió el compromiso claro y firme de saldar la deuda viejas que el Estado dominicano mantiene con contratistas aglutinados en el Comité Institucional Codiano (CIC).
No fue una promesa menor, sino una expresión de justicia histórica, basada en el reconocimiento de que muchos profesionales del área de la construcción trabajaron y entregaron sus obras, pero nunca recibieron el pago correspondiente.
Cinco años después, esa promesa sigue sin cumplirse, pues la deuda continúa viva, y lo más preocupante es que la inacción del aparato estatal ha convertido esa mora en una forma de agresión institucional contra quienes cumplieron con su deber.
La razón esgrimida por los funcionarios de las instituciones deudoras para no pagar resulta, a estas alturas, insostenible debido a que se fundamenta en una supuesta desaparición de documentos requeridos por el Ministerio de Hacienda.
Si bien la pérdida de expedientes oficiales es en sí misma un hecho grave, lo es aún más la falta total de medidas correctivas ya que ninguna entidad ha establecido un mecanismo transparente para reconstruir o sustituir dichos documentos.
Ningún funcionario ha sido sancionado y se ha solicitado que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) realice una investigación que también abarcaría temas de obstrucción deliberada en el proceso de tramitación de pago.
El panorama que se advierte en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED)-respecto a 52 expedientes de contratistas del CIC- revela algo más profundo que una simple negligencia administrativa, pues es evidente cierta forma de obstrucción deliberada en la tramitación de los pagos.
Porque mientras el presidente ha mostrado su intención de saldar la deuda y ordenar la casa, algunos de sus funcionarios han preferido ocultarse tras la burocracia, dejando sin respuesta una situación que afecta vidas humanas, daña la credibilidad del gobierno y proyecta un país débil ante los ojos del mundo.
Lo que está en juego aquí no es solo un monto económico, sino también la continuidad del Estado y la confianza de decenas de profesionales que, con esfuerzo y recursos propios, cumplieron su contrato con la nación.
Y es también la percepción que se construye internacionalmente sobre nuestra seguridad jurídica,
porque cuando el Estado no cumple, el daño trasciende lo financiero debido a que se daña la confianza, se ahuyentan las inversiones y se mina la reputación institucional.
La persistencia en la inacción de los funcionarios proyecta la imagen peligrosa de un presidente con voluntad, pero rodeado de una estructura que sabotea sus intenciones, donde la irresponsabilidad se disfraza de tecnicismo, y donde los compromisos nacionales se diluyen en el mar del papeleo perdido.
Si persiste la desidia el presidente Abinader debe remover a los funcionarios responsables, pero lo que no puede seguir ocurriendo es esta indiferencia prolongada, que convierte en letra muerta las promesas de campaña y en traición silenciosa la gestión pública.
