Un problema estructural
Nassef Perdomo Cordero, abogado.
Se decía hace algunas décadas que gobernar la República Dominicana tenía sus ventajas porque el escándalo de la tarde sepultaba al de la mañana. Esta afirmación no deja de ser coherente con nuestra forma de ser, agravada por la sobreoferta de información que producen las redes.
Es por esto, quizás, que el tema de los presos preventivos ha salido del blanco de nuestra atención social. No podemos culpar a la campaña electoral, porque lo que la lógica dictaba era que a todos los candidatos se les pidiera explicar los planes que, de ser electos, pondrían en marcha para paliar esta situación. Los candidatos no han hablado -o, por lo menos, no mucho– porque no les hemos preguntado.
Es penoso que así sea. La tragedia de La Victoria y los siniestros posteriores en otras cárceles deberían servir de punto de inflexión para que la problemática de la prisión preventiva se convierta en una preocupación constante de la sociedad. Que no sea así es un fracaso colectivo.
En este contexto, de poco sirven los esfuerzos para intentar atender los síntomas, si no nos ocupamos de la enfermedad. No habrá forma de solucionar el problema con mejoras en la infraestructura o la gestión si el sistema sigue produciendo presos preventivos a una velocidad superior a la que puede construir cárceles.
Este debe ser nuestro enfoque porque la varilla y el cemento no serán nunca suficientes para paliar los efectos del abuso del poder público. De tal manera que, a menos que hayamos decidido convertirnos en una colonia penal, es necesario cambiar las políticas de persecución que procuran subsanar las deficiencias del órgano persecutor con la prisión de los investigados e imputados.
Naturalmente, para esto se requiere también que los jueces asuman su función de control y garantía. Contrario a lo que proponen algunos recién conversos al Derecho Penal del enemigo, el papel de los jueces no es colaborar con el Ministerio Público, sino controlarlo.
No perdamos de vista este problema grave que amenaza la paz social y la institucionalidad que tanto trabajo nos ha costado construir.
El Día