Un prometedor acierto de Collado
Por Juan Llado
El ministro de Turismo se ha anotado un gran tanto en la lucha por la transparencia de la gestión pública. No es solo que su recién creado Observatorio de Buenas Prácticas promete un mecanismo eficaz de prevención de la corrupción. Más trascendente aún es haber logrado que en el proceso de veeduría de la adjudicación de las obras del CEIZTUR se hayan involucrado las más prestigiosas universidades. Si este modelo se replicara en otras instituciones del Estado posiblemente se fortalecería la eterna lucha contra la cultura de la corrupción.
Fue en el 2014 que el presidente Medina dispuso la creación por decreto de veedurías. Así se cumplía la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo No.1-12 que establece que el Estado deberá: “Desarrollar y consolidar mecanismos de participacion y veeduría social, sustentados en el acceso a la información pública, rendición de cuentas y evaluación y control de la calidad de las políticas publicas y los servicios públicos.” La sociedad tiene “el derecho y la obligación de contribuir con los organismos de control externo e interno y con los especializados en la prevención e investigación de la corrupción, para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia y economía. A tales efectos, los organismos públicos deberán facilitarle la información pertinente y la asesoría y los mecanismos de coordinación, dentro del marco de su competencia.”
Se crearon entonces 32 comisiones de veedurías en diferentes organismos con personas independientes. Su misión consistía en monitorear “todos los procesos de compras y contrataciones de los Ministerios o la dependencia del Estado donde funcionan. Este seguimiento se realiza desde la convocatoria hasta la adjudicación del contrato final y la entrega de la obra, bien o servicio de que se trate.” Fue con gran fanfarria y expectación que se estableció un rol para la sociedad civil en la fiscalización de los recursos públicos.
Desde el 2014 han proliferado los modelos de veedurías en el país. La Direccion General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) tiene a su cargo el seguimiento y la entidad logrado la conformación de esas comisiones en varias agencias estatales. Pero no se conoce de ningun reporte que resuma su efectividad en el combate a la corrupción y nada similar se encuentra en línea. Observadores informales alegan que estas comisiones no han rendido los frutos esperados: en ocasiones ha sido por la falta de colaboración de los incumbentes de las instituciones y en otras por la escasa o nula dedicación de tiempo de los miembros nombrados. Sin embargo, la Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 parece haber sido muy efectiva. Y el “Reglamento Técnico de las Comisiones de Veedurías del Sector Salud” del pasado año es un buen ejemplo de del trabajo de la DGEIG.
Por su lado, la iniciativa del MITUR se distingue principalmente por haber logrado incorporar al Observatorio un sorprendente número de actores institucionales. Además de la DGEIG y la Direccion General de Compras y Contrataciones (DGCC) figuran ASONAHORES, las iglesias adventistas y evangélicas y las universidades que componen la Red Universitaria para el Avance de la Educación Dominicana (RUNED, compuesta por la UNPHU, INTEC, PUCMM, UNIBE y UNAPEC). En adición, hay la intención de incorporar a estudiantes de la carrera de ingeniería de las diferentes universidades y a los clústeres turísticos. A la fecha el Observatorio ha sometido exitosamente 16 obras del CEIZTUR al escrutinio de estos veedores y tiene en proceso un número igual.
En el acto que se celebrara la pasada semana para anunciar esta iniciativa se afirmó que la idea de involucrar a las universidades provino del ministro Collado. Durante su anterior gestión como alcalde del Distrito Nacional él había demostrado una similar preocupación por hacer transparente los procesos de licitación y compras y con lo del MITUR continúa labrándose una imagen de pulcritud en el uso de los recursos públicos. Por su lado, el presidente Abinader señaló: “Necesitamos en este país una cultura de transparencia y honestidad. Tengo que reconocer que estamos en una época de transición hacia un gobierno que queremos hacer las cosas correctas, pero no todos vamos a la misma velocidad”. En un editorial del Listin Diario titulado “Transparencia ante la voracidad”, se elogia la iniciativa mencionada como “novedosa y prometedora”.
Por supuesto, habrá que esperar la gestión de un nuevo incumbente del MITUR para saber si la estructura creada se mantiene y funciona. Lo más trascendente de la iniciativa es el involucramiento de las academias, las cuales han estado siempre reacias a involucrarse en tareas de gobernanza estatal. Pero si bien resulta trascendente haberlas involucrado en la difícil lucha contra la corrupción en el Estado, no está claro si ese compromiso se mantendría con nuevas caras de ambas partes. Lo mismo puede decirse de ASONAHORES, las iglesias y los clústeres turísticos. Aun si se firmara un compromiso interinstitucional por un periodo de tiempo, mucho dependera tambien de que el titular de la cartera preste la debida atención al asunto y provea la información requerida.
La iniciativa de Collado merece aplausos, en tanto intenta defenestrar las oscuras tinieblas de la corrupción. Está bien sintonizada con la cruzada por la transparencia de la actual Administración y procura que ese ministerio sea regido estrictamente por la normativa vigente en materia de compras y contrataciones. Pero la iniciativa solo incluye un departamento del MITUR que, aunque manejador de muchos recursos, no es el que más gasta. Por eso es oportuno recordarle al ministro que una iniciativa similar debe montarse para el gasto en promoción, ya sea con la fórmula del fideicomiso o de una veeduría publica operada mediante una plataforma digital. Además, CORPHOTELS requiere monitoreo y, aunque hace tiempo que debió de desaparecer, mientras este viva debe rendir cuentas.
Queda pendiente, mientras tanto, la replicación de este modelo de veeduría en otras agencias del Estado. Su replicación es deseable aun cuando la tarea encomendada requiera algún tipo de compensación para los involucrados, especialmente para la RUNED. A cualquier político en ascenso le convendría sobremanera que las universidades avalaran la transparencia de su gestión. Y tampoco será necesario que anuncien sus decisiones con la costosa espectacularidad que ya caracteriza los actos públicos del MITUR.
