Una comisión del Congreso planteará acusar por corrupción al presidente de Perú
Lima, 29 jun (EFE).- La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú planteará acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, informaron este miércoles medios locales.
«Está comprobado que existen elementos probatorios e indiciarios que acreditan las presuntas comisiones de los delitos» de los que se acusa al mandatario, señaló el borrador del informe final que será debatido este jueves por los integrantes de la comisión, según publicaron medios como la emisora RPP y el diario El Comercio.
La comisión investigó durante las últimas semanas las denuncias de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que se ha implicado, además, a otros personajes vinculados con la actual Administración que están prófugos de la Justicia.
En las conclusiones del informe también se recomienda que se acuse constitucionalmente a Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, por su supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas.
INFORME SERÁ DEBATIDO EL JUEVES
El informe final, aún en etapa de borrador, será debatido este jueves por la Comisión de Fiscalización, y, tras su eventual aprobación, deberá ser enviado ante el pleno del Congreso para seguir el mismo procedimiento.
En caso de ser refrendado por esa máxima instancia, será enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que evalúe las posibles infracciones a la Constitución, y al Ministerio Público, para que establezca eventuales responsabilidades penales
La investigación del Legislativo se desprendió de un caso ya abierto en la Fiscalía de la Nación contra Castillo por la presunta comisión del delito de organización criminal, bajo la hipótesis de que lideraba una mafia en el interior del Ministerio de Transportes para adjudicar contratos públicos a diversos empresarios con el fin de obtener beneficios ilegales.
Colaboradores de la Fiscalía han señalado que en esta presunta organización están involucrados el exministro Juan Silva, el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario, quienes se mantienen prófugos de la Justicia.
CASTILLO RECHAZA A COMISIÓN
Castillo decidió el pasado lunes, casi a último minuto, no recibir a los miembros de la comisión luego de que su defensa asegurara que su presidente, el fujimorista Héctor Ventura, había adelantado opinión sobre el caso y el grupo legislativo ya tenía preparado un informe inculpatorio.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, afirmó que declarar ante la comisión «sería una puesta en escena, una apariencia de un proceso para luego decir que el presidente ha sido escuchado y se ha respetado el debido proceso».
«¿De qué debido proceso hablamos si es que el lunes se le toma la declaración y el miércoles se presenta el informe final?», remarcó.
El congresista Ventura sostuvo, por su parte, que la decisión del gobernante era un «total desaire para todo el país» y recordó que Castillo se había comprometido a recibir al grupo legislativo.
Este martes, Castillo exhortó al Congreso a poner fin a las confrontaciones y, tras asegurar que es «totalmente respetuoso de los poderes del Estado», insistió en la falta de pruebas inculpatorias en su contra.
«Son once meses de Gobierno y hasta el momento no nos pueden demostrar que tenemos nosotros una pizca o una evidencia (de corrupción). Acostumbrados a esa réplica, a esa historia, hoy nos quieren meter a ese saco», enfatizó.
El pasado jueves, un tribunal supremo rechazó un recurso de «tutela de derechos» presentado por el abogado del mandatario para que se ordene la suspensión de cualquier investigación contra el gobernante, ya que su defensa considera que goza de inmunidad absoluta durante su mandato.
Espinoza anunció que acudirá a fueros superiores, como el Tribunal Constitucional, e incluso supranacionales, para apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal y conseguir que se anulen esas pesquisas.
