Una red intentó estafar 1.700 millones al Gobierno italiano por obras falsas
Roma, 22 mar (EFE).- Las autoridades de Nápoles y Avellino (sur de Italia) desarticularon este miércoles una red que trató de estafar al Estado 1.700 millones de euros en forma de ayudas fiscales a la construcción, al registrar facturas de obras inexistentes, adjudicadas a personas fallecidas, con domicilios falsos o en municipios inventados.
Se trata de la mayor estafa de bonificaciones fiscales conocida en la historia de Italia, de acuerdo con los medios locales, que citan fuentes de la fiscalía de Avellino, un municipio situado a 40 kilómetros de Nápoles desde el que se ha coordinado la investigación de la trama, con ramificaciones en todo el país.
Por el momento hay 21 sospechosos de cometer los delitos de conspiración y fraude agravado contra el Estado, mientras que se han realizado registros en Salerno (sur), Milán, Lodi, Turín, Pisa, Módena y Ferrara (norte), además de Nápoles y Avellino.
Los implicados en la trama aprovecharon los créditos fiscales que ofrecía el Gobierno italiano desde 2020 para realizar obras de renovación y eficiencia energética en edificios al solicitarlos para construcciones falsas.
Algunas de las facturas de esas supuestas obras estaban a nombre de personas fallecidas o con antecedentes penales, otras se referían a domicilios o propiedades inexistentes y en dos mil casos los contratos de construcción figuraban en localidades inventadas.
Las obras para las que se presentaron solicitudes de bonificación habrían costado aproximadamente 2.800 millones de euros, lo que equivaldría a créditos fiscales de hasta 1.700 millones de euros.
La trama se aprovechaba del llamado «Superbonus», un paquete de incentivos aprobado en 2020 para realizar obras que en algunos casos llegaba a reembolsar con deducciones fiscales hasta el 110 % del coste de los trabajos de instalación de aislante, paneles fotovoltaicos o medidas antisísmicas.
Sin embargo, el nuevo Ejecutivo, liderado por Giorgia Meloni, modificó esos incentivos al considerar que el gasto que suponían para las arcas públicas era excesivo, una polémica decisión a la que se oponen las empresas del sector de la construcción.
