Van a juicio los acusados por la explosión en fábrica de plásticos en San Cristóbal que dejó 38 muertos
Santo Domingo, 14 de diciembre de 2025 — Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, el Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal dictó auto de apertura a juicio contra los propietarios de la empresa Vidal Plast, señalados como responsables de la trágica explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en una fábrica de plásticos en San Cristóbal, que provocó la muerte de 38 personas, dejó decenas de heridos y destruyó nueve edificios, además de múltiples viviendas afectadas.
La jueza Loyda Amador admitió los 128 elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y ordenó el envío a juicio de los imputados Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como de la empresa Vidal Plast, donde se originó la detonación que sacudió el centro de la ciudad.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Daryl Montes de Oca representaron al Ministerio Público en la audiencia, mientras que el expediente acusatorio fue construido por los fiscales Fadulia B. Rosa Rubio, Laura Segura Cordero, José Guerrero Jiménez, Ingris Guerrero Polanco y el propio Montes de Oca.
De acuerdo con la acusación, la explosión fue el resultado directo de múltiples violaciones a las normativas de seguridad industrial, medioambiental y sanitaria, atribuibles a la “torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia” de los procesados. El siniestro tuvo lugar a las 3:10 de la tarde en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, en el sector conocido como el Antiguo Mercadito.
Según el informe técnico, el estallido fue provocado por el químico Autofina-Luporox A 70S (un peróxido orgánico clase 5.2), utilizado comúnmente en la industria del plástico para modificar polímeros. Este material, altamente reactivo, se encontraba almacenado en condiciones inadecuadas junto a residuos plásticos, lo que generó una acumulación de gases inflamables que, al alcanzar un punto crítico, produjo la devastadora explosión.
El expediente también señala que cinco meses antes del evento, el 18 de marzo de 2023, ya se habían registrado señales de riesgo en la planta, cuando una chispa generada por trabajos de herrería provocó una reacción química que resultó en humo tóxico, calor extremo y quemaduras en un trabajador. Ese incidente no fue debidamente reportado ni gestionado por los administradores de la empresa, lo que evidenció la continua inobservancia de las medidas de prevención.
La investigación fue declarada de tramitación compleja debido a la magnitud de los daños y al volumen de pruebas recolectadas. Entre estas se incluyen peritajes técnicos, testimonios de testigos, informes documentales, grabaciones de video y registros oficiales que sustentan las acusaciones.
El Ministerio Público les imputa violaciones a los artículos 319 del Código Penal (homicidio involuntario por negligencia), el artículo 153 numeral 2 de la Ley General de Salud 42-01, y los artículos 175 numeral 7, 176, 183 y 187 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El juicio se proyecta como uno de los más relevantes en la historia reciente del país en materia de responsabilidad penal corporativa y manejo de materiales peligrosos, y se espera que sirva como precedente en el fortalecimiento de la supervisión industrial y la protección ciudadana frente a riesgos ambientales.
