¿Vendrán cruceros a Santo Domingo?
Por Juan Llado
Hace justo 20 años que el puerto de Santo Domingo fue concesionado por 40 años a una empresa privada para desarrollar un gran puerto de cruceros y un enorme desarrollo inmobiliario en su costado este. Sin embargo, ninguno de esos componentes se ha materializado. Como el atraque de cruceros en la ciudad sería un muy buen negocio, han surgido propuestas para construir el puerto. Porque su solución a los impedimentos acarrearía grandes beneficios económicos a la ciudad, decidir sobre las dos opciones requiere una urgente decisión.
Fue en el 1987 cuando se produjo el primer daño de consideración a un barco crucero en ese puerto. El costo de reparación de la quilla del barco fue de varios cientos de miles de dólares y la línea de cruceros afectada dejó de incluir a Santo Domingo en su itinerario por el Caribe. Desde entonces la afluencia de cruceros ha sido mínima y tampoco se ha logrado limpiar el rio Ozama de los guijarros que trae consigo de manera permanente. Una solución integral del problema del rio requiere enormes inversiones que no están en el ánimo de la concesionaria ni del gobierno.
Una objeción de la UNESCO a los 40 pisos de los edificios originalmente contemplados para el desarrollo inmobiliario forzó a un rediseño del proyecto que se llevó de paro la marina originalmente contemplada. En algunos casos, además, los barcos han chocado con la infraestructura del puerto “debido a problemas mecánicos.” En el 2017 un ferry impactó contra la infraestructura de la terminal Don Diego, provocando daños en la verja perimetral, la puerta de desembarque y contenedores. En el 2022 una gran parte de la verja perimetral colapso.
Esas dificultados determinaron el abandono del proyecto original de Inversiones Turisticas de Sans Souci (ITSS). La empresa concesionaria del puerto se ha limitado a construir dos terminales (Don Diego y Sans Souci) y optado por usar el costado este para almacenamiento de carga y estacionamientos de vehículos. De ahí que hayan surgido otras soluciones y propuestas.
En el 2020 la Autoridad de Asuntos Marítimos (ANAMAR) diseño una nueva infraestructura que no fue acogida por las autoridades. Pero es básicamente ese nuevo diseño que ha sido ahora acogido por un grupo de inversionistas privados cuyo proyecto se denomina Santo Domingo del Mar. Este proyecto contempla, además del puerto consistente en un espigón construido desde la Plaza Juan Baron hacia el oeste, una marina deportiva, espacios culturales y sociales y una adecuación ambiental de las 8 cloacas que desembocan en el tramo que llega hasta Guibia. Los promotores esperan una decisión del gobierno para comenzar su implementación.
Sin embargo, ha surgido de repente la noticia de que la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) ha anunciado la construcción de un puerto de cruceros en el Malecón con una inversión de US$400 millones. Estaría ubicado frente al Hotel Jaragua (el cual es una propiedad del Estado). No se han ofrecido detalles del proyecto, pero la ubicación propuesta revela que se ha abandonado por completo la idea de que el puerto de cruceros use la ensenada del rio. Sin embargo, el parte de prensa no especifica si seria otro proyecto y no el de Santo Domingo del Mar. Porque el espigón de este último tendría la ubicación señalada por APORDOM se debe deducir que se trata del mismo proyecto.
En vista de que el tramo del Malecón que intervendría el proyecto Santo Domingo del Mar es el mas valioso, conviene que haya en el Congreso una discusión publica sobre la formula de la alianza público-privada que este conlleva. Habria que descartr de plano una simple concesión que no beneficie en nada al Estado (con excepción de la limpieza y funcionalidad cloacal). Si bien la inversión es cuantiosa, los riesgos son mínimos. Debe entonces existir una formula en que el Estado reciba dividendos anuales de una parte de las utilidades.
Cobrar una tasa por cruceristas que desembarque no sería una compartición de los beneficios de la operación que tendría la empresa. (Lo mismo sucede con el ITBIS que los hoteleros les cobran a sus huéspedes; no es la empresa que paga eso sino los turistas.) La compartición debe referirse a las utilidades de la empresa concesionaria. Una formula donde el Estado recibiría una parte del accionariado de la concesionaria tampoco seria deseable en tanto podría implicar una enajenación de la propiedad de la franja de mar involucrada y eso seria contrario a las leyes vigentes (nums. 202-04 y 6400-04).
En consecuencia, la formula a ser aprobada por el Congreso seria un contrato de concesión por unos 30 o 40 años, tal y como es el caso del contrato de ITSS. El Estado nombraría un Auditor de la empresa que se encargaría de verificar el monto de las utilidades, con una liquidación preferiblemente semestral. La pregunta fundamental que debe ser contestada entonces sería el porcentaje de las utilidades a ser devengado por el Estado. Este podría llegar a un 40% como con frecuencia se concibe en una “sociedad en comandita”. Quien pone los terrenos recibe ese porcentaje y quien hace la inversión y pone el trabajo recibe el resto.
Ya Santo Domingo del Mar ha realizado un par de vistas publicas. Se tiene entendido que el presidente Abinader también conoce el proyecto. Dado los grandes beneficios que la ciudad de Santo Domingo derivaría de el es tiempo de que el Congreso comience de inmediato su discusión. Y si se juzga necesario hacer vistas públicas en el Congreso….manos a la obra. Este es un proyecto bona fide que conviene a ambos bandos.
Acento
