Vicepresidenta hace advertencia en momentos en que crece preocupación por miembros del PRM implicados en casos de narcotrafico
Santo Domingo, 11 noviembre – En un momento de alta sensibilidad política, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, subrayó con contundencia este lunes el compromiso del gobierno dominicano de erradicar el narcotráfico, sin importar rango, posición o filiación partidaria.
La declaración se produjo en el marco de la ceremonia de posesión del nuevo arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, donde Peña enfatizó que “no importa quién sea, si es culpable tiene que pagar”.
La intervención de la vicepresidenta, que ocurre en medio de revelaciones sobre políticos y allegados vinculados al tráfico de narcóticos, proyecta una línea clara del Ejecutivo encabezado por Luis Abinader:
no habrá impunidad ante delitos graves que involucren redes de drogas. “Nuestro gobierno ha dado muestra de que no hay impunidad, sobre todo del narcotráfico”, declaró Peña.
Un escenario de exposición pública
La ceremonia religiosa, de alto perfil institucional, se convirtió en el escenario para este contundente mensaje gubernamental. Peña acudió al acto en la catedral primada junto al ministro de la Presidencia y presidente del partido gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, imprimiendo simbolismo político al llamado contra el narcotráfico.
Para Peña, la vinculación de figuras del poder a casos de tráfico de drogas representa una amenaza directa a los valores sociales y al sistema de justicia: “Realmente nosotros tenemos que erradicar lo que es el narcotráfico en la República Dominicana porque ustedes saben el daño que eso le hace a nuestra sociedad”, expresó.
Casos recientes que presionan al gobierno
La afirmación de la vicepresidenta se enmarca en una oleada de revelaciones periodísticas que han involucrado a funcionarios públicos y militantes vinculados al comercio ilícito de drogas. El diario Listín Diario publicó que el regidor del Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, del PRM, junto al general retirado William Durán Jerez, aceptaron cargos en Estados Unidos por tráfico internacional de cocaína.
Tras las publicaciones, el PRM suspendió la afiliación de Herrera Silvestre y reiteró que no aceptará “impunidad” entre sus filas, reafirmando que “cualquiera de sus dirigentes, sin importar su jerarquía, será sometido” como dijo Paliza en rueda de prensa.
Otro episodio que ha encendido las alertas públicas fue la solicitud de extradición de Esteffani José Vásquez Amarante, exesposo de la diputada del PRM, Jacqueline Fernández (provincia La Romana), vinculado también a presuntos envíos de drogas a EE.UU. Fernández se deslindó del caso, afirmando que ambos tomaron caminos distintos y ya no mantienen vínculos de convivencia ni responsabilidades comunes.
Y más allá del ámbito político, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que investiga al empresario Fabio Augusto Jorge‑Puras por presunto tráfico de sustancias ilícitas entre 2003 y 2019, tras denuncias de la estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA). El gobierno dominicano dispuso su destitución mediante decreto en mayo.
¿Qué está en juego?
El gobierno sitúa esta batalla en un punto crítico: la integridad del sistema democrático, la credibilidad institucional y la seguridad ciudadana. El narcotráfico, dicen las autoridades, no solo corrompe funciones públicas sino que mina la confianza de la sociedad y debilita el Estado de derecho.
Peña lo dejó claro: no se tratará de simples operativos aislados, sino de una política persistente para cortar las redes desde sus raíces. En su discurso, insistió en que “no importa quién sea, si es culpable, tiene que pagar”, frase que subraya la voluntad de que los procesos judiciales sean independientes del poder.
Retos para avanzar
Sin embargo, el desafío es múltiple. Por un lado, está el fortalecimiento del aparato judicial para asegurar que las imputaciones lleguen a condenas efectivas. Por otro, la cooperación internacional, principalmente con EE.UU., se torna esencial para rastrear flujos, extraditar acusados y confiscar bienes ilícitos.
En esta línea, el presidente Abinader ya había informado en septiembre que el país había logrado decomisar 226 mil kilos de drogas, 144 embarcaciones, más de 13 000 vehículos, 1 596 armas de fuego, siete aeronaves, y US$13 millones en activos financieros, además de RD$188 millones y 182 815 personas retenidas en los últimos cinco años.
También es sabido que el trato interno —en términos de depuración de estructuras partidarias, sanción a sus miembros y transparencia— exigirá un nivel de disciplina política poco habitual. Que un dirigente de alto rango esté implicado en narcotráfico no solo es una excepción: es un llamado de alerta sobre el nivel de penetración del crimen en la política.
