Voto disidente de magistrados Vargas y Ferreira cuestionan competencias del Tribunal Constitucional en sentencia sobre la Ley Electoral»
Santo Domingo, 26 de diciembre. – La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucionales dos artículos de la Ley 20-23 del Régimen Electoral ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político. Dos de los trece jueces de la corte, José Alejandro Vargas y Army Ferreira, emitieron votos disidentes, argumentando que el TC excedió sus competencias al dictar el contenido de los artículos 156 y 157 de la ley.
El pleno del TC, por mayoría, declaró que la legislación vigente limita el derecho a las candidaturas independientes al exigir su respaldo por agrupaciones políticas. En respuesta, el tribunal ordenó al Congreso Nacional sustituir la figura de los partidos políticos por agrupaciones cívicas y sociales, basándose en la Ley 137-11 que permite sentencias interpretativas aditivas para corregir omisiones legislativas.
Ferreira y Vargas expresaron su preocupación sobre el alcance de esta decisión, cuestionando el rol del TC como «legislador positivo». Según Ferreira, la modificación o creación de leyes es una facultad exclusiva del Congreso, tal como establece el artículo 112 de la Constitución, que requiere el voto de dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados para legislar sobre temas orgánicos.
“La prerrogativa de determinar los mecanismos de legitimación para las candidaturas independientes debería residir exclusivamente en el legislador”, sostuvo Ferreira, quien señaló que estas sentencias, aunque necesarias en algunos casos, deben manejarse con cautela para no alterar el equilibrio entre los poderes del Estado.
Vargas, por su parte, calificó la decisión como una “sentencia manipulativa” que convierte al TC en un legislador proactivo. Según el juez, este fallo retrotrae el sistema jurídico electoral a etapas superadas, al crear nuevas normas que, en su opinión, carecen de un marco legal especializado. “Defiendo la visión de un TC que se autolimite para evitar convertirse en un legislador sustitutivo”, expresó Vargas.
Ambos jueces también advirtieron que las agrupaciones cívicas propuestas para respaldar candidaturas carecen de personería jurídica y no están obligadas a funcionar con fines de interés público ni a seleccionar candidatos mediante mecanismos democráticos supervisados.
Reacciones políticas y preocupaciones
El fallo también ha suscitado críticas de actores políticos. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que la Junta Central Electoral (JCE) debe liderar un proceso de diálogo con los partidos para discutir las implicaciones de la sentencia. Paliza sugirió que en enero de 2025 las entidades políticas deben reunirse con el órgano electoral para analizar la implementación de las nuevas disposiciones.
Los partidos han señalado riesgos asociados con la flexibilización del régimen electoral. Entre ellos, destacan la posible desigualdad en las condiciones de competencia, problemas logísticos en los sufragios y la apertura de espacio para candidatos vinculados a actividades criminales.
“Este fallo plantea interrogantes sobre cómo garantizar condiciones equitativas en el proceso electoral, considerando que las agrupaciones cívicas propuestas no estarán sujetas a los mismos estándares que los partidos políticos”, comentó un representante político.
Impacto en el sistema electoral
El presidente del TC argumentó que esta decisión busca garantizar el derecho constitucional a las candidaturas independientes, permitiendo una mayor participación ciudadana en el proceso electoral. Sin embargo, el fallo introduce cambios significativos que obligarán a ajustes tanto en el Congreso como en las estructuras de supervisión electoral.
La sentencia también reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes en el sistema democrático. Mientras los jueces disidentes y algunos sectores políticos consideran que el tribunal ha excedido su mandato, otros ven esta acción como un paso necesario para corregir deficiencias legales que restringen derechos fundamentales.
Próximos pasos
El Congreso Nacional deberá trabajar en la reforma de la Ley 20-23 para cumplir con la sentencia del TC. Este proceso requerirá la aprobación de una nueva legislación que regule las agrupaciones cívicas y sociales, estableciendo estándares claros para su funcionamiento y su participación en el sistema electoral.
Por su parte, la JCE tendrá que implementar medidas para supervisar estas nuevas entidades y garantizar la transparencia y equidad en el proceso electoral. Este desafío se suma a los preparativos para las elecciones generales, que ya representan una carga significativa para el órgano electoral.
