Wilson Camacho tilda de temeraria la recusación al juez que conoce el caso Medusa
Santo Domingo, 13 may .- El procurador adjunto Wilson Camacho tildó este sábado de temeraria la recusación presentada en contra del juez Amauri Martínez, a cargo del juicio preliminar a los imputados de integrar la supuesta red de corrupción desmantelada en junio de 2021 a través de la Operación Medusa.
El recurso fue presentado por la defensa del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, que acusa a Martínez de actuar con parcialidad en este caso.
Esta recusación, según el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), «es una muestra de litigio temerario, de chantaje procesal y una forma degradada del ejercicio del derecho de defensa».
«Esta defensa se atreve a acusar al juez de llevar demasiado rápido el proceso y la primera audiencia de este proceso fue el 12 de agosto del año 2022, o sea, tenemos nueve meses en la audiencia preliminar, y, de todas maneras, pretenden acusar al juez de llevar este proceso rápido, cuando, evidentemente, es un proceso que va muy lento», señaló Camacho en un comunicado.
La Operación Medusa tiene como principal imputado al exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien supuestamente dirigió un entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público entre el 2016 y el 2020.
El expediente también involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Igualmente, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Según el expediente de la Operación Medusa elaborado por el Ministerio Público, la supuesta red de corrupción manejó más de 1,000 millones de pesos.
