Yeni Berenice destaca avances en la lucha contra la corrupción con nuevas leyes y un Código Penal más robusto
SANTO DOMINGO, 18n sept.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó que por primera vez en la historia del país la corrupción es reconocida como un delito autónomo, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y en la construcción de una cultura de transparencia.
Durante una conferencia sobre el nuevo Código Penal y la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, Reynoso explicó que este reconocimiento implica que cualquier hecho doloso que afecte el patrimonio público puede ser sancionado penalmente, sin necesidad de que esté vinculado a otro delito. “Ya no tiene que depender de otra conducta para ser penado; ahora es un tipo penal autónomo”, afirmó.
El evento se celebró en el auditorio de la Dirección General de Aduanas (DGA), con la presencia de su director, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, y el gerente legal de la DGA, Oscar D’Oleo Seiffe.
Sanz Lovatón valoró la importancia de que los colaboradores de Aduanas, y la sociedad en general, conozcan los alcances del nuevo marco normativo, establecido por la Ley 74-25.
Reynoso detalló que los nuevos tipos penales que entrarán en vigor en 2026 están alineados con la Ley de Lavado de Activos, contemplando penas de entre 3 y 10 años de prisión. Esto permite que los delitos de corrupción puedan ser considerados como delitos precedentes en casos de lavado de activos.
También subrayó que, aunque el nuevo Código Penal es susceptible de mejoras, está en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y con los marcos jurídicos de países más avanzados en esta materia.
“Con mis 20 años de docencia y experiencia en la aplicación del derecho penal, puedo decir con seguridad que esta es una buena pieza legislativa”, puntualizó.
La magistrada insistió en que la corrupción tiene un impacto directo en el desarrollo de los pueblos, al desviar fondos esenciales que deberían destinarse a sectores como salud, educación y seguridad. “¿Quién es la víctima de la corrupción? La sociedad”, enfatizó.
Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la mención del enriquecimiento ilícito como delito penal, el cual contempla la confiscación de los bienes obtenidos de manera fraudulenta y la inhabilitación de por vida para ejercer funciones públicas, tanto electivas como por designación.
“El que fue condenado por enriquecimiento ilícito jamás podrá volver a ocupar un cargo público”, afirmó.
Además, destacó que ahora se persigue no solo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas, llegando incluso a la disolución de empresas involucradas en actos de corrupción. “Hoy día, hay decenas de empresas que serán inhabilitadas como resultado de decisiones judiciales, acuerdos y otros procesos”, explicó.
Reynoso subrayó la importancia de la responsabilidad penal empresarial, ya que la mayoría de las contrataciones estatales se realizan con compañías, sin que esto exima de responsabilidad a los funcionarios públicos o individuos que estén detrás de dichas empresas.
Entre las novedades del nuevo Código Penal, mencionó la inclusión del delito de manipulación de pagos de obras públicas, haciendo énfasis en que alterar contratos para favorecer a unos pocos constituye una forma de robarle al Estado. “Cuando se usa dinero público para contratar, hay reglas, y romperlas es robarle al pueblo”, advirtió.
Dentro de los delitos contemplados en el ámbito de las Contrataciones Públicas, se incluyen: adjudicaciones a dedo, alteración de precios, pagos por obras inexistentes, conflicto de interés en contratos y falsedad documental para ganar licitaciones.
