2024: lecturas del proceso electoral
Cristóbal Rodríguez Gómez
El Partido Revolucionario Moderno, con el Presidente Luis Abinader a la cabeza, obtuvo la más contundente victoria electoral de nuestra vida democrática. Así lo evidencia el hecho de que retuvo la presidencia de la República, al tiempo que incrementó el control de las cámaras legislativas, llevándolo a una mayoría superior a las dos terceras partes de sus miembros.
Es mucho lo se ha escrito y comentado sobre los resultados del proceso. En este artículo propongo algunas pistas de reflexión sobre tres aspectos específicos del mismo, por considerar que estos merecen la atención de quienes se ocupan de las cuestiones político-electorales.
Concentración del voto y sistema de partidos. Una vez más, tres partidos mayoritarios, con sus respectivas coaliciones electorales, concentraron -con una enorme distancia-, el mayor caudal de votos válidos emitidos: 96.68 %. Este dato conduce, sin embargo, a una paradoja: pese a que 26 partidos participaron en el proceso obtuvieron resultados inferiores al 1 %, las amplias coaliciones formadas sobre todo por el PRM (que fue aliado con 20 organizaciones) y, en menor medida, por la Fuerza del Pueblo, dan cuenta de la importancia electoral conjunta que tienen esas pequeñas estructuras.
Sin embargo, quizá merezca la pena reflexionar sobre «el cálculo de las coaliciones» parafraseando el título clásico de teoría de la elección social de James M. Buchanan y Gordon Tullock. El costo que representa el mantenimiento operativo de la mayoría de esas organizaciones políticas ¿se justifica, en términos proporcionales, por sus aportes a los valores propios de una sociedad democrática y bien ordenada? Fuera de las huecas proclamas contenidas en sus estatutos y definiciones programáticas, ¿qué objetivos tendentes a la mejora de las relaciones de poder, a la inclusión social o al desarrollo humano les mueve? ¿Cuáles son sus ofertas electorales y cuál es el perfil del equipo humano que proponen para llevarlas a cabo?
El dato arrojado por el reciente proceso electoral según el cual, de un total de 33 partidos que participaron en las elecciones, solo 9 llevaron candidatos presidenciales con propuestas propias, parece confirmar algo que desde hace mucho tiempo se ha discutido en foros y ensayos académicos: la gran mayoría de esos partidos han operado a lo largo de décadas como auténticos mercados que cada cuatro año ofrecen su mercadería electoral al mejor postor. Esto, a su vez, es uno de los elementos clave en el «cálculo de las alianzas», y en la instrumentalización del Estado para la retribución de esos veleidosos apoyos cuatrienales.
La existencia del grueso de esas organizaciones, y su creciente proliferación, parece justificarse en su aporte conjunto al caudal de votos que aportan a los partidos mayoritarios con los que pactan alianzas. ¿Por qué esto es tan necesario? Una razón de peso parece residir en la exigencia de un umbral de mayoría de 50 % más un voto para ganar en primera vuelta.
Quizá los especialistas en análisis económico de las instituciones políticas puedan ayudarnos a descifrar el enigma sobre la relación entre los aportes y los costos de estas organizaciones al sistema. Quizá de esa manera podamos enfrentarnos a opciones tan espinosas como las siguientes: I) ¿deberíamos plantearnos legislar para que la no presentación de candidatos con programas de gobierno propios, durante dos procesos electorales consecutivos, sea motivo suficiente para la pérdida de la personería jurídica?; y, II) ¿y si el resultado de esos análisis nos llevara a ponderar la opción de bajar a 45 % el umbral de mayoría para ganar las elecciones en primera vuelta, siempre que el candidato puntero haya obtenido una ventaja superior al 10 % respecto de su competidor más cercano? Esto como una manera de disminuir la importancia electoral que para los partidos mayoritarios han tenido esas formaciones políticas, para evitar el escenario del balotaje.
El incremento del control legislativo y sus escenarios. En los últimos 26 años, la experiencia de control mayoritario de las cámaras legislativas por parte del partido en el gobierno ha sido casi unánime. En 1998 lo tuvo el PRD al obtener 24 de 30 senadores, y 83 de 149 diputados. Esto, frente a cuatro senadores y 49 diputados del PLD, y dos senadores y 17 diputados del PRSC. En las elecciones de medio término de 2002, el PRD pasó a tener 29 de un total de 32 senadores, y 73 de 150 diputados.
Más adelante, en 2006, el control mayoritario del legislativo pasó a manos del PLD, que había ganado por segunda vez las elecciones presidenciales de 2004, con el Dr. Leonel Fernández como candidato. En 2006 obtuvo 22 de 32 senadores y 96 de 178 diputados. Por su parte, el PRD alcanzó un total de siete senadores y 60 diputados, y el PRSC tres senadores y 22 diputados.
En 2010 el PLD mejoró su representación en el senado, alcanzando un total de 28 curules, aunque disminuyó ligeramente el número de diputados respecto del proceso de 2006, al obtener un total de 93. Mientras, el PRD, aunque no obtuvo representación senatorial, alcanzó 73 curules en la Cámara de Diputados, 13 más que en las elecciones anteriores. De su parte, el PRSC obtuvo cuatro senadores y un total de 11 diputados.
Esta relación de control mayoritario de las cámaras por parte el partido en el gobierno es un factor clave en un sistema presidencialista. Tanto para los fines de avanzar la agenda legislativa que con frecuencia requieren los planes de gobierno, como para facilitar la gobernabilidad. En nuestro caso, esto ha tenido un complemento favorable: una oposición que, si bien minoritaria, ha tenido representación suficiente para ser un factor clave de negociación y entendimiento político.
Pero en 2016 el PLD obtuvo 29 senadores y 127 diputados, de un total de 190 y el PRM tres senadores y 61 diputados. En un escenario en el que el PRSC había perdido su peso electoral, este resultado refleja el nivel mayor de control de las cámaras legislativas en manos del partido de gobierno hasta el momento, durante el período analizado. Pero esa relación volvió a cambiar en 2020, cuando el PRM ganó 18 senadurías y 97 diputaciones, mientras el PLD alcanzó seis senadores y 79 diputados, y la Fuerza del Pueblo ocho senadores y 11 diputados. Este cuatrienio es, al mismo tiempo, el que ha conjugado un control del legislativo, por el partido de gobierno, con mayor nivel de equilibrio respecto de la representación de la oposición
Hasta que llevó 2024, que trajo el escenario de mayor control legislativo que ejecutivo alguno haya tenido. El PRM obtuvo, junto a sus aliados, 29 senadurías y 146 diputados: misma cantidad de senadores que el PLD en 2016, pero con 19 diputaciones más.
Esta súper mayoría ofrece la ventaja de poder aprobar una agenda legislativa para avanzar cuestiones tan perentorias como la reforma fiscal, la de la seguridad social o el código laboral, entre otras. Comporta, al mismo tiempo el riesgo de la ausencia de control efectivo desde la oposición y, por tanto, una exigencia de mayor de ejercicio responsable del poder.
La abstención electoral: Fuera porque la ventaja pronosticada por todas las encuestas desincentivara el voto de los simpatizantes de los partidos de oposición, o por cualquier otro motivo, el hecho es que casi un 46 % de abstención se coloca en un 16 % por encima de la media histórica de los últimos casi 30 años. Y la participación político-electoral es el sustento mismo de la democracia. Por tanto, es necesario un diálogo desapasionado sobre las causas de este fenómeno, y sobre la identificación de las acciones que impidan que se convierta en una peligrosa tendencia.
El dato arrojado por el proceso electoral según el cual, de 33 partidos que participaron en las elecciones, solo 9 llevaron candidatos presidenciales con propuestas propias, parece confirmar algo que desde hace mucho tiempo se ha discutido en foros y ensayos académicos: la gran mayoría de esos partidos han operado a lo largo de décadas como auténticos mercados que cada 4 año ofrecen su mercadería electoral al mejor postor.
Diario Libre
