Estrategia política para el pantano eléctrico
Por Juan Llado
En varios países del mundo la gerencia de algunos servicios públicos por parte de la clase política ha probado ser efectiva. En cambio, en nuestro sector eléctrico ha pasado lo contrario y por décadas los apagones se han ensañado contra los más débiles usuarios. En este periodo de gobierno las autoridades no han podido revertir la situación y nuestro mandatario luce atenazado por los compromisos partidarios. Por eso el traspaso de ese aparato público al sector privado se perfila como una posible solución alternativa. Dejando fuera los aspectos de generación y transmisión por no ser problemáticos, un breve análisis de un lego ciudadano así lo sugiere.
En la campaña electoral del 2020 los voceros del partido de gobierno prometieron “poner fin a la fiesta del despilfarro del sistema eléctrico”. Las promesas principales fueron acabar con los apagones y eliminar las onerosas pérdidas de las Edes para liberar al fisco de los subsidios. Pero también incluyeron comisionar el manejo de Punta Catalina a una empresa internacional y liquidar la CDEEE a fin de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) asuma la rectoría del sector eléctrico que le asigna su ley. Para lograr estos resultados nombraron en puestos claves a varios miembros de la Comisión de Energía del PRM. Lamentablemente, hoy tales metas no se perfilan como realizables y la nación sigue acogotada y sin el concurso pleno de un sector crucial para el desarrollo.
Es vox populi que no se ha logrado la rectoría del MEM y que las directrices de su incumbente son vilmente ignoradas por las demás cabezas del aparato público. La alegada debilidad gerencial del incumbente, un técnico capaz y experimentado, no sería el motivo por el cual se le creó una superestructura que practicamente lo desautoriza. Esta consiste en un Gabinete Eléctrico presidido por el ministro de la Presidencia que tiene “el objetivo de facilitar la coordinación y eficacia a nivel de toma de decisiones en la administración públicas. De igual forma tiene por función diseñar políticas, estrategias y planes para fomentar el desarrollo en el país, del área que representan, aunque no posean erogaciones presupuestarias.”
Dadas las disposiciones del Art. 3 de la ley madre del MEM dicha estructura suplanta algunas de sus funciones básicas y mediatiza la autoridad del incumbente. Si con el Gabinete se pretendía reforzar la funcionalidad del MEM lo sucedido ha probado contraproducente. Esto así porque las demás cabezas del sector eléctrico público tampoco se someten a la autoridad del Gabinete. Son activistas del PRM (o políticos aliados) que se sienten autónomos y con peso político específico para ignorar las directrices. Para colmo al incumbente del MEM también le segregaron a Punta Catalina y encargaron de la misma a un fideicomiso que responde a otras instancias (Banreservas, “sociedad civil”).
¿Cuál ha sido el resultado de esta apostasía gerencial? Los medios informativos han informado que 1) el Pacto Eléctrico ha colapsado en parte por la inoportuna aplicación de incrementos en la tarifa eléctrica, 2) las pérdidas de las Edes han aumentado, 3) el personal supernumerario ha aumentado tanto en las Edes como en la ETED, 4) los apagones campean por sus fueros y 5) Punta Catalina funciona solo parcial e intermitentemente. A esto se añade los escandalosos aumentos de sueldos de los administradores de las Edes y los miembros de su Consejo Unificado, del Superintendente y dos miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad y el presidente y miembros del Consejo de la ETED. Resulta insólito y vergonzoso que el empeoramiento del servicio eléctrico estatal se recompense con desaforados aumentos salariales para los responsables. Los sistemas eléctricos estatales en Europa funcionan bien porque sus cabezas no se comportan tan vergonzosamente.
Ante una situación tan desastrosa es oportuno concebir una estrategia multidimensional que no solo conjure la debacle gerencial, sino que tambien persiga la meta de la eficiencia energética a nivel general. Un ejemplo de esa ambiciosa tarea puede encontrarse en el “Marco Político de Largo Plazo para la Eficiencia Energética” de Mexico (2016). Este identifica “la magnitud de los ahorros alcanzables” y “los potenciales para los distintos tipos de usos finales”. Además de “la sincronización de esfuerzos entre los órganos de Gobierno y los diversos actores del sector, así como la armonización de conceptos, procesos y metodologías que darán pie a un marco político adecuado para propiciar acciones de eficiencia energética en el largo plazo.” El Marco identifica “cerca de 158 posibles líneas de acción y 97 barreras que fueron consensuadas a fin de priorizar en siete líneas de acción transversales de impacto intersectorial y entre 2 y 4 líneas de acción prioritarias para cada sector.” (Ver gráfico)
Sin embargo, la experiencia vivida con nuestro sector eléctrico indica que la clase política ni el gobierno serían capaces de aplicar ese tipo de estrategia. Si no han sido capaces de librarnos de los apagones y las pérdidas de las Edes menos serían capaces de coordinar y aplicar una intervención holística tan abarcadora. Por eso en lo inmediato lo más practico es una estrategia de privatización de algunos activos estatales (Edenorte, Edesur, Edeeste, Ege-Haina, Ege-Itabo, EGEHID, ETED, Punta Catalina) para zafarlos de la tenaza política actual. El gran reto nacional consiste en abandonar la gerencia política de estos activos públicos y, a la vez, adoptar otro sistema de manejo que sea eficaz y eficiente. Con excepción de su regulación, la cual quedaría en manos de la estatal Superintendencia de Electricidad. la alternativa viable sería la de poner la propiedad del sector eléctrico público en manos del sector privado mediante ventas justas y transparentes. La experiencia argentina en este campo puede servir para evitar errores en la privatizacion.
La justificación de esta estrategia alternativa es que no hay la voluntad política necesaria para contrarrestar el empeoramiento con la remoción de los incumbentes. Estamos en el umbral de una campaña electoral y una posible repostulación presidencial: al pais y al presidente le convendría deshacerse de la gerencia inepta y de sus rencillas, pero los compromisos partidarios no se lo permitirán. En consecuencia, el curso de acción con menor costo político sería el de privatizar las Edes, Punta Catalina y los demás activos mencionados más arriba. Si realmente queremos cambio debemos abandonar el dogma de que el patrimonio estatal en el sector eléctrico está mejor en manos del Estado porque el resultado de esa estrategia ha sido fatídico. Nombrar otros políticos para que reemplacen los actuales tendría consecuencias funestas. Ya basta de “llover sobre mojado”.
¿Qué hay de malo en la venta de Punta Catalina? Los beneficios para la poblacion serian mayores con una venta producto de una tasación justa y con un comprador extranjero que esté dispuesto a convertirla a ciclo combinado. ¿Qué hay de malo en la venta de las Edes? El Estado ganaría con la eliminación de los subsidios y la incumbencia política podría usar mejor los recursos obtenidos en la reubicación del personal supernumerario. Para realizar estos beneficios colectivos debemos estar dispuestos a mudar la piel y dejarnos de aferrar al dogma de que el manejo estatal de este servicio es preferible al privado “por su importancia estratégica”. Con la privatización el único gran reto del Estado seria la regulación y el régimen tarifario y eso es más manejable. Por lo menos eso luce patente a este lego ciudadano.
Por supuesto, acometer la tarea de privatizar todos los activos estatales del sector eléctrico no sería posible sin el concurso de los dos partidos de oposición. Tal vez sea mucho pedir que el verdadero Pacto Eléctrico sea el de la propuesta privatización. Pero de conseguirlo el presidente Abinader y sus homólogos del PLD y la FP le dejarían un legado encomiable a su pueblo, ya que con el pandemonio existente retardamos inmisericordemente nuestro desarrollo. Naturalmente, las ventas deben evitar el oligopolio sectorial y, en consecuencia, deberían reclutar inversores extranjeros sin ninguna participacion actual en el negocio eléctrico. (Los extranjeros lo manejaban bien hasta el 1955.) Y con el producto de las ventas se reforzaría la protección social abonando a la deuda del Estado con los fondos de pensiones, siempre y cuando se pueda lograr una mejor gerencia de esos fondos.
