Reacciones encontradas ante el tope de gastos para proselitismo electoral establecido por la JCE
Santo Domingo, 12 marzo – La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana ha provocado una serie de reacciones encontradas tras emitir una proclama que establece un tope de gastos para el proselitismo de cara a las elecciones programadas para el próximo mes de mayo. Esta medida ha generado debate y ha sido objeto de críticas por parte de los partidos políticos y la sociedad civil del país.
Uno de los puntos más destacados de la controversia es la percepción de que la JCE no ha tenido en cuenta el verdadero costo de las campañas electorales al establecer estos topes. Los partidos políticos lamentan que esta limitación pueda llevar a una falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados al proselitismo. Javier Ubiera, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo, señala que la JCE no consideró la inflación de los últimos años al establecer los límites de gastos. Además, Ubiera argumenta que, aunque el número de electores ha aumentado en algunas demarcaciones, los costos reales de las campañas pueden ser mayores debido a la inflación, lo que podría dificultar a los candidatos hacer una campaña efectiva.
Janet Camilo, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), coincide con esta visión crítica y sostiene que el tope establecido por la JCE no refleja el verdadero costo de las campañas. Camilo destaca los altos costos de la publicidad en vallas y redes sociales, subrayando que la realidad del gasto electoral es mucho más amplia que los límites impuestos por el organismo electoral. Además, resalta la existencia de un clientelismo político arraigado en la sociedad dominicana, donde los votantes pueden ser influenciados por promesas económicas y beneficios personales.
Por otro lado, Leidy Blanco, representante de Participación Ciudadana, reconoce la capacidad de la JCE para regular los gastos de los partidos políticos, pero señala deficiencias en la aplicación de sanciones administrativas y la falta de transparencia en el proceso electoral. Blanco sugiere que la JCE debería hacer un mayor esfuerzo para transparentar el financiamiento político y aplicar sanciones más estrictas a aquellos que violen los topes de gastos establecidos.
La implementación de estos topes de gastos ha planteado desafíos adicionales en un contexto político y social complejo. En República Dominicana, donde la desigualdad económica es evidente y los recursos son limitados, la asignación y el control de los fondos destinados a las campañas electorales son aspectos cruciales para garantizar la equidad y la integridad del proceso democrático.
La proclama de la JCE establece un tope de gastos de 122.50 pesos por cada uno de los 8,145,548 electores hábiles, lo que equivale a un total de 997,829,630 millones por candidato. Además, los candidatos presidenciales no podrán recibir aportes financieros que excedan los RD$9,978,296.30 por postulante.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones, será fundamental abordar estas preocupaciones y buscar soluciones que equilibren la necesidad de regular el financiamiento político con la promoción de la transparencia y la equidad en el proceso electoral. El desafío reside en encontrar un equilibrio que garantice la integridad del sistema democrático dominicano y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones electorales.
