En el filo de la navaja: El peligro latente de la migración irregular y la respuesta violenta
Por la redacción
Probablemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, la agresión que una turba integrada por haitianos y dominicanos perpetró este domingo contra oficiales de la Dirección General de Migración en el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste, no tendrá mayores consecuencias. Sin embargo, este tipo de hechos, que tristemente se repiten con mayor frecuencia, deberían movernos a una profunda reflexión y preocupación.
El saldo de este último episodio es de tres oficiales heridos y la suspensión abrupta de un operativo contra haitianos indocumentados que abarrotan no solo ese sector, sino también otras áreas de la periferia del Gran Santo Domingo y diversos puntos del interior del país.
La situación se torna aún más alarmante si consideramos el contexto en el que se desarrolla. En lo que va del mes de agosto, ya son diez los oficiales de Migración que han sido agredidos, según informó la Dirección General de Migración en un comunicado.
Esta cifra es una señal inequívoca de que algo muy grave está ocurriendo: los haitianos indocumentados, enfrentados a la posibilidad de ser repatriados a un país sumido en la inseguridad y la falta total de oportunidades, están adoptando una actitud cada vez más violenta. Y no están solos. En algunos casos, son apoyados por dominicanos que, quizás por ignorancia o por intereses personales, participan en esta peligrosa dinámica.
Lo que está en juego aquí no es solo la integridad de los oficiales de Migración o el éxito de los operativos de deportación. Lo que está en juego es la paz y la estabilidad de la República Dominicana. La migración irregular haitiana ha alcanzado niveles preocupantes, y si a esto le sumamos la respuesta violenta de los afectados, estamos ante un cóctel explosivo que puede tener consecuencias nefastas para nuestra nación. Es un precedente extremadamente peligroso que las autoridades no pueden darse el lujo de ignorar.
Casos como el ocurrido en el pasado en Punta Cana, donde un operativo de deportación resultó en muertos y heridos, son un claro indicio de que la situación se está saliendo de control. Punta Cana, un destino turístico de renombre mundial, se está transformando en un enclave de migración haitiana.
En lugares como el Hoyo de Friusa, una comunidad que alberga a miles de haitianos, en su gran mayoría indocumentados, se observa un fenómeno inquietante: la creación de comunidades cerradas donde la presencia de las autoridades de Migración es prácticamente nula.
Estos migrantes no solo intervienen en la industria de la construcción, sino que, con la complicidad de empresarios nacionales y extranjeros, han logrado colocarse en hoteles, industrias, negocios, y hasta en labores de seguridad en edificios privados, asi como en sectores de transporte como el «motoconcho» donde tienen pleno control.
La violencia protagonizada por haitianos en situación migratoria irregular es un indicio de lo que podría venir en el futuro cercano si no se toman medidas efectivas para controlar esta situación.
Estamos permitiendo la formación de comunidades haitianas que, cada vez más, se sienten protegidas y respaldadas, no solo por algunos dominicanos que no alcanzan a vislumbrar el peligro, sino también por una comunidad internacional que nos ve como responsables del fracaso del Estado haitiano y que, por ende, cree que debemos cargar con su desgracia.
El problema no se limita a la violencia en operativos de deportación. La realidad es que, en muchos barrios y comunidades rurales, especialmente en la línea fronteriza, la presencia de haitianos sobrepasa a la de los dominicanos. Esta situación pone en serio peligro nuestra identidad, nuestra soberanía y nuestra independencia.
La frontera, a pesar de los esfuerzos del gobierno por «sellarla» con la presencia de miles de soldados y la construcción de un muro, sigue siendo extremadamente vulnerable. Los indocumentados haitianos continúan ingresando al país sin mayores contratiempos, y la respuesta violenta a los operativos de deportación no hace sino agravar esta vulnerabilidad.
La migración desbordada no solo representa una amenaza para los operativos de deportación, sino que también constituye un reto enorme para nuestra identidad nacional. Estamos viendo cómo, poco a poco, se están generando comunidades haitianas dentro de nuestro territorio, comunidades que en el futuro podrían reclamar derechos y complicar, de manera inequívoca, nuestra existencia como un país soberano e independiente. Este es un peligro real, que no debemos subestimar.
La gestión de la seguridad en nuestra frontera y la implementación efectiva de los operativos de deportación son cruciales para evitar la toma gradual de nuestro territorio. No podemos permitir que la República Dominicana se transforme en un país donde las comunidades de migrantes indocumentados crezcan sin control, y mucho menos que estas comunidades recurran a la violencia para evitar ser repatriadas. Si permitimos que esto continúe, estamos abriendo la puerta a una crisis aún mayor, una crisis que pondría en jaque no solo a las autoridades de Migración, sino también a la estabilidad y la paz social en nuestro país.
Las autoridades tienen la última palabra en este asunto, pero también tienen una gran responsabilidad. Es imperativo que tomen medidas contundentes y efectivas para controlar la situación antes de que sea demasiado tarde. Deben reforzar los operativos de deportación, garantizar la seguridad de los oficiales de Migración y, sobre todo, asegurar que la frontera sea verdaderamente impermeable a la entrada de indocumentados. Solo así podremos proteger nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra paz.
