Jochi Vicente defiende el Plan de Modernización Fiscal y eliminación de exenciones: «Una ley de incentivo no puede ser eterna»

Santo Domingo, 10 de octubre – El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, defendió la implementación del Plan de Modernización Fiscal, subrayando que cada una de las medidas propuestas ha sido objeto de un exhaustivo análisis durante los últimos cinco años. Vicente destacó que el proceso ha involucrado la evaluación de múltiples alternativas, buscando un equilibrio entre las necesidades del Estado y las preocupaciones de los diferentes sectores económicos.

“Nosotros hemos pasado cinco años analizándolo todo, viendo alternativas, moderando cosas, quitando cosas, añadiendo otras, volviendo a revisar. El Ministerio de Hacienda y el Gobierno en general, junto con el Presidente, han mantenido la puerta abierta para escuchar a todos los sectores interesados”, aseguró Vicente durante un Desayuno del con ejecutivos del Listín Diario.

Vicente señaló que, aunque existe un consenso general sobre la necesidad de dotar al Estado de más recursos, las propuestas de sacrificios fiscales han generado resistencias. “Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de dotar al Estado de recursos, pero cuando llega el momento de los sacrificios, nadie quiere ser afectado”, afirmó. Esta resistencia ha sido especialmente evidente en los sectores beneficiados por exenciones fiscales, quienes han manifestado su oposición a las medidas propuestas en el plan.

El ministro reconoció que la reacción de los sectores económicos afectados es comprensible, pero insistió en que una ley de incentivo no puede ser indefinida. “Los sectores tienen todo el derecho de defender lo que ya tienen, pero hemos pasado cinco años analizando cuidadosamente el costo-beneficio de cada exención», explicó.

Exenciones fiscales: ¿hasta cuándo?

Uno de los puntos clave del Plan de Modernización Fiscal es el desmonte progresivo de las exenciones fiscales otorgadas a diferentes sectores productivos. Vicente enfatizó que los incentivos fiscales están diseñados para ser temporales, y que no es razonable que ciertos sectores sigan beneficiándose indefinidamente del apoyo estatal.

“Una ley de incentivo no puede ser eterna. Su función es ofrecer una ayuda temporal del Estado para impulsar un sector determinado. Pero una vez que ese sector ha crecido y se ha consolidado, no tiene sentido seguir manteniendo esos beneficios”, declaró el ministro.

Vicente mencionó el caso del sector turístico, que es uno de los más robustos y competitivos de la región. “El sector turístico dominicano es sólido y competitivo a nivel internacional, y ya no necesita el mismo nivel de incentivos que en sus inicios. Este sector está varios pasos adelante de sus competidores regionales”, añadió.

Revisión de exenciones en otros sectores

En cuanto a la Ley de Cine, Vicente señaló que el esquema de incentivos a la industria cinematográfica ha cumplido su ciclo tras 10 años de vigencia. Afirmó que ha llegado el momento de redistribuir el riesgo en la producción de películas.

“El Estado va a seguir apoyando a la industria cinematográfica, pero de manera más equilibrada. La competencia debe ser más basada en méritos, como ocurre en otros países”, indicó.

Sin embargo, aclaró que los proyectos que ya han sido aprobados mantendrán sus incentivos hasta que se cumplan los plazos previstos, respetando los derechos adquiridos. “Las obras cinematográficas ya aprobadas no se verán afectadas por los cambios propuestos en la reforma fiscal”, garantizó el ministro.

¿Por qué es necesaria la reforma fiscal?

Al ser cuestionado sobre la necesidad de una reforma fiscal en un país cuya economía es una de las más dinámicas de la región, Vicente reconoció los logros económicos del país, pero advirtió sobre la persistente desigualdad social.

“Es cierto que somos una de las economías más vibrantes del Caribe y la que más crece en la región. Pero también es cierto que aquí coexisten dos realidades: una parte de la población tiene acceso a todo lo necesario, mientras que otra gran parte sigue sin tener cubiertas sus necesidades básicas”, subrayó.

Vicente argumentó que la reforma fiscal busca precisamente dotar al Estado de los recursos necesarios para reducir esta brecha y atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. “No podemos seguir fomentando esa dualidad. Lo que estamos proponiendo es un sistema que permita ir desmontando ese segundo país de privación de necesidades”, explicó.

El ministro también destacó que, a pesar de la importancia de aumentar la recaudación fiscal, el Gobierno ha actuado con prudencia, descartando algunas medidas que, aunque técnicamente necesarias, no eran viables en el contexto actual. “Esto no es solo un tema técnico, también hay que considerar los aspectos políticos y sociales. No todas las decisiones pueden tomarse únicamente desde la óptica recaudatoria”, aclaró Vicente.

El funcionario detalló que el Gobierno podría haber implementado una mayor recaudación a través del Impuesto sobre Transferencias de Bienes y Servicios (ITBIS), que ahora pasará a llamarse IVA. Sin embargo, tras una evaluación política y social, se optó por no aplicar algunas de esas medidas. “La propuesta ha sido adaptada considerando los aspectos económicos, sociales y políticos”, añadió.

Medidas compensatorias

Como parte del Plan de Modernización Fiscal, el Gobierno ha propuesto varias medidas compensatorias para aliviar el impacto de la reforma en los sectores más vulnerables. Una de las principales acciones será el aumento de las ayudas sociales del programa Aliméntate, que incrementará el apoyo de RD$1,650 a RD$2,000 para unas 350,000 personas.

Asimismo, Vicente anunció un aumento del salario mínimo en el sector público, que pasará de RD$10,000 a RD$15,000. Además, el Comité Nacional de Salarios discutirá una revisión del salario mínimo en las empresas privadas no sectorizadas.

“Estamos haciendo un esfuerzo para que estos ajustes compensen el impacto que puedan tener las medidas fiscales en la población más necesitada”, explicó.