Mi país está en grave peligro. Estas 1105 páginas lo demuestran
Por Vanessa Barbara
The New York Times
Barbara cubre la política, la cultura y la vida cotidiana brasileñas. Escribe desde São Paulo, Brasil.
No te fíes de mi palabra: consulta los informes de 221 y 884 páginas de la policía federal publicados en noviembre. Fruto de dos años de investigación, estos informes tan esperados describen con asombroso detalle un plan para derrocar al gobierno entrante.
El caos del 8 de enero de 2023 —cuando partidarios de Jair Bolsonaro, muchos de ellos vestidos con camisetas de fútbol amarillas, asaltaron edificios gubernamentales en la capital— acaparó la atención internacional. Pero los disturbios marcaron el final, no el principio, de un intento de golpe de Estado. Como dejan claro los informes, los disturbios se produjeron tras un plan cuidadosamente coordinado para garantizar que Bolsonaro, quien perdió la reelección en octubre de 2022, permaneciera en el poder.
Lo más sorprendente es que el plan incluía asesinatos. Según los informes, una unidad de élite del ejército fue asignada para matar al presidente entrante, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin. También había planes para secuestrar y probablemente matar a un magistrado del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, quien dirige muchas de las investigaciones sobre el movimiento de extrema derecha del país.
Los cinco miembros de la unidad han sido detenidos. Pero la conspiración va mucho más allá de ellos. Treinta y siete hombres, entre ellos Bolsonaro y un grupo de sus aliados, han sido acusados de planear el golpe. Si el fiscal general de Brasil confirma los cargos, se celebrará un juicio este año.
Para los brasileños, lo realmente aterrador no es lo cerca que estuvimos de que se destruyera nuestra democracia en 2023, sino que podría volver a ocurrir, y tener éxito. Los informes dejan claro que dentro de la democracia brasileña hay una fuerza capaz de derrocarla: los militares. Es la daga que pende sobre el país.
Quizá el mejor punto de partida sean los asesinatos planificados. No tenemos que usar nuestra imaginación porque, afortunadamente, los conspiradores lo escribieron todo. El secretario ejecutivo del presidente, el general retirado Mario Fernandes, imprimió un borrador del documento, nada menos que en el palacio presidencial. En referencia a los colores nacionales de Brasil y sin duda para endurecer la determinación patriótica de los conspiradores, se llamaba “Daga Verde y Amarilla”.
El plan era extenso. Esbozaba el armamento necesario para completar la misión —una ametralladora, un lanzagranadas, un lanzacohetes antiblindaje— y aceptaba la posibilidad de “un 100 por ciento de víctimas mortales” para los implicados. También considera un enfoque alternativo de envenenar a Lula, “teniendo en cuenta sus problemas de salud y sus frecuentes visitas al hospital”. En caso de asesinato de Alckmin, declara con bastante dureza que “no se prevé una conmoción nacional”.
Al parecer, de Moraes fue elegido como primer objetivo. El 15 de diciembre de 2022, los asesinos —quienes habían negociado un precio de unos 16.500 dólares para la operación con el ayudante personal de Bolsonaro— se trasladaron a lugares cercanos a la casa del magistrado. Una vez que los miembros de la unidad estuvieron en posición, según los mensajes recogidos en los informes, esperaron la publicación de un decreto presidencial. Cuando este no llegó, uno de ellos ordenó a los demás abortar la misión e iniciar el proceso de exfiltración. La operación había terminado.
El decreto, que los informes dicen que Bolsonaro editó, era crucial para el golpe. Habría suspendido los poderes del tribunal electoral brasileño y detenido a Moraes, permitiendo a Bolsonaro permanecer en el poder. Dos veces en diciembre, fue presentado a los jefes de las fuerzas armadas, lo que algunos de los oficiales confirmaron. (Dato curioso: un sacerdote asistió a una de esas reuniones).
El jefe de la Marina estaba dispuesto a aceptarlo, según los informes, pero los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea se negaron a participar. La falta de apoyo internacional podría haber sido una de sus razones: al parecer, el gobierno estadounidense llevó a cabo una campaña encubierta a lo largo del año, instando a los líderes políticos y militares de Brasil a que mantuvieran los resultados de las elecciones. Parece que funcionó.
Los informes policiales son claros sobre quién fue el responsable del plan. Entre los imputados se encuentran varios de los principales aliados de Bolsonaro, incluidos miembros de su gabinete, su candidato a vicepresidente, su ministro de Defensa y un exjefe de la Marina. Según los informes, Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo conocimiento directo y efectivo de las acciones de la organización criminal que pretendía dar un golpe de Estado y eliminar el estado democrático de derecho”. (Bolsonaro niega todos los cargos.)
En comparación con las tramas de secuestro y asesinato, el resto de los planes eran relativamente monótonos, aunque insidiosos. La estrategia del grupo abarcaba diversas áreas clave. Antes de las elecciones, por ejemplo, Bolsonaro y sus aliados afirmaron repetidamente que el sistema de votación electrónica del país era susceptible de fraude, con el objetivo de agitar a los conservadores y asegurarse el apoyo para un golpe.
Sin embargo, los conspiradores sabían que sus afirmaciones eran falsas. “No hay pruebas de fraude”, dijo a un coronel el ayudante personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid. Un momento importante de los informes es el comentario que hizo un oficial de la agencia de inteligencia brasileña a un colega: “Hay un tipo que publicó un tuit sobre la invasión de urnas. Tenemos que calificarlo con un currículum”.
También se dice que el gobierno supervisó los campamentos de partidarios de Bolsonaro frente a cuarteles militares y por todo el país, que duraron más de dos meses hasta finales de 2022. “¿Cuánto tiempo quiere que permanezcamos aquí?”, preguntó un líder de la protesta al general Fernandes. El 8 de enero de 2023, miles de estos manifestantes asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia, incluidos el palacio presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal. Pero para entonces, el golpe estaba efectivamente acabado.
Podemos estar agradecidos por el fracaso. Sin embargo, aunque Bolsonaro y sus aliados acaben entre rejas, el hecho es que los militares parecen luchar contra la idea de que la república pertenece a sus ciudadanos. Su implicación es notoria en estos informes: cuatro de los cinco miembros de la unidad de asesinato detenidos son oficiales del Ejército. También ha sido detenido el general Walter Braga Netto, general de cuatro estrellas y ministro de Defensa de Bolsonaro. De los 37 hombres acusados de planear el golpe, 25 son miembros de las fuerzas armadas. Casi todos ocupan o han ocupado cargos de alto rango.
Esto es preocupante. Aunque algunos mandos decidieron no apoyar un golpe esta vez, la estabilidad de nuestra democracia sigue dependiendo en gran medida del estado de ánimo de los militares. En cierto modo, siempre ha sido así. Desde la fundación de la república en 1889, los militares han hecho nueve intentos de tomar el poder, cinco de los cuales tuvieron éxito. Tras el fin de la dictadura militar de 20 años en 1985 —en la que se produjeron violaciones generalizadas de los derechos humanos, censura de la prensa y persecución de los opositores políticos—, las fuerzas siguieron muy implicadas en la política. Con Bolsonaro, se hicieron todavía más poderosas.
No puedo evitar la sensación de que hay muchos generales, almirantes y mariscales que se apresurarían a ponerse del lado de un golpe si sus intereses, y los de sus organizaciones, no estuvieran plenamente satisfechos. De cara a las elecciones de 2026, hay motivos para preocuparse. Con un gobierno estadounidense entrante más proclive a apoyar a los militares y una agitación perpetua entre las filas militares por el gobierno de Lula, no podemos estar seguros de que no vuelva a producirse un golpe.
¿Y quién sabe? Quizá la próxima vez funcione.
The New York Times
