Ministerio Público resalta solidez de cargos contra presuntos implicados en Operación Lobo
SANTO DOMINGO, 11 julio. – El Ministerio Público destacó este jueves la fortaleza de las imputaciones formuladas contra los presuntos implicados en la Operación Lobo, un caso que involucra a una red de militares y civiles acusados preliminarmente de integrar una estructura dedicada a la corrupción administrativa.
Mirna Ortiz, titular de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que las autoridades han presentado más de 500 elementos probatorios para sustentar la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción. Esta petición alcanza a diez personas que, según la investigación, habrían participado en el entramado delictivo.
El equipo del Ministerio Público, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, solicitó que el caso sea declarado complejo, debido al volumen y naturaleza de las evidencias, las cuales incluyen pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales, contenidas en un expediente de aproximadamente 450 páginas.
“Todos los abogados de los imputados han requerido plazos para estudiar el escrito de solicitud de medida de coerción”, explicó Ortiz a la salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Atendiendo esa petición, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el próximo lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde.
Según el Ministerio Público, los presuntos involucrados se habrían beneficiado de sobornos para garantizar contratos de seguridad privada y mantenimiento con instituciones del Estado. Entre las entidades afectadas figuran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Entre los presuntos imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los cargos que enfrentan incluyen presunto soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. Estas infracciones están contempladas en el Código Penal Dominicano (artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405), en la Constitución (artículo 146, numeral 1) y en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
