Estado Dominicano se constituye en actor civil contra Hugo Beras y empresarios por presunto fraude en contrato de semáforos
SANTO DOMINGO, 17 de julio de 2025 — El Estado dominicano se ha constituido formalmente como actor civil en el proceso judicial contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix, y otros implicados en el presunto fraude relacionado con el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
La querella fue presentada ante el Ministerio Público y depositada ante la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, responsable del control de las investigaciones que encabeza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La acción judicial fue interpuesta por los abogados Fernando P. Henríquez, Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y José Alberto Ortiz Beltrán, miembros del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, quienes actúan en representación del Estado dominicano y el Intrant.
La acusación también incluye a Frank Díaz Warden, quien fungía como coordinador de Despacho de Beras y su representante ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia; Carlos José Peguero Vargas; y las empresas Transcore Latam, S.R.L., Aurix, S.A.S., e Inprosol S.R.L.
Aunque los abogados no especificaron el monto de la indemnización reclamada por los daños y perjuicios causados, solicitaron la admisión de la constitución en actor civil contra los presuntos implicados en actos de corrupción. Además, se reservaron el derecho de presentar nuevas querellas civiles y penales contra otras personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que resulten involucradas como consecuencia del avance de la investigación.
El documento judicial también manifiesta la intención de ejercer acción particular si así lo requieren los hallazgos del proceso y formalizar las pretensiones civiles en el momento procesal que la ley determine.
A los acusados se les imputa pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado, involucrada en delitos como desfalco, estafa al Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Estos delitos están contemplados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución dominicana, así como en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal.
También se citan como fundamento legal la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y el Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
