Defensa denuncia deterioro de salud de Ángel Martínez y acusa a autoridades de desacato judicial
Santo Domingo, R. D. 25 julio. – Los abogados Carlos Mesa y Percival Peña denunciaron este viernes el grave estado de salud de su cliente, Ángel Martínez, quien permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se encontraría en condiciones críticas tras iniciar una huelga de hambre, sin que las autoridades hayan cumplido con una orden judicial de traslado a un centro médico.
Según los representantes legales, Martínez lleva más de 72 horas sin ingerir agua ni medicamentos, lo que ha provocado un rápido deterioro físico y mental. En declaraciones ofrecidas a la prensa, Mesa describió el estado del detenido al presentarse ante el tribunal como “el rostro de la muerte”, con palidez extrema, temblores en las manos y discurso incoherente.
Pese a la orden judicial que dispone su traslado inmediato a un centro de salud, los abogados sostienen que las autoridades carcelarias han desobedecido la disposición y mantienen a su cliente en condiciones que calificaron de inhumanas.
Durante la audiencia celebrada el jueves, la defensa solicitó al tribunal que interviniera en aplicación del principio de oficiosidad, argumentando que la jueza constitucional debía priorizar la protección del derecho fundamental a la vida, incluso por encima de la voluntad del detenido, quien expresó su deseo de morir en paz.
“Nos niegan acceso y no sabemos si está vivo”, afirman los abogados
Este viernes en la mañana, los abogados Mesa y Peña intentaron visitar nuevamente a Martínez, pero les fue denegado el acceso, según relataron. Las autoridades les informaron que el detenido estaba siendo evaluado por un médico, sin permitirles comprobarlo personalmente.
A la hora de sus declaraciones, los juristas dijeron no tener constancia de que Ángel Martínez siga con vida. Ante esta incertidumbre, hicieron un llamado público a los familiares y seguidores del detenido para unirse en una cadena de oración, ante lo que consideran una posible tragedia.
Carlos Mesa calificó la situación como un “atropello al ser humano” y un “verdadero low fare”, subrayando que la responsabilidad del Estado de preservar la vida no cesa, aún cuando una persona decida dejar de luchar por ella.
La defensa alertó sobre las consecuencias legales y éticas de la inacción de las autoridades penitenciarias y reiteró su disposición a agotar todos los recursos necesarios para asegurar la integridad de su defendido.
