Emergencia eléctrica en RD: pérdidas millonarias, baja cobrabilidad y apagones que irritan a la población (Informe adjunto)
Por Manuel Jiménez
SANTO DOMINGO, 12 sept. — El sistema eléctrico de la República Dominicana atraviesa una de sus etapas más críticas, marcada por millonarias pérdidas energéticas, una preocupante baja tasa de cobrabilidad y el malestar creciente de la población ante los apagones constantes.
Esta situación ha obligado al presidente de la República a declarar el sector eléctrico en estado de emergencia, mediante un decreto que permite que todas las operaciones de compra de bienes y servicios se realicen al margen de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, con el objetivo de agilizar soluciones en medio de la crisis.
De acuerdo con el más reciente Informe de Gestión Comercial (junio 2025), presentado por el Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Electricidad, las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste compraron 20,450 gigavatios hora (GWh) de energía eléctrica entre julio de 2024 y junio de 2025.
Sin embargo, de ese total, solo 12,717.3 GWh fueron efectivamente facturados. El resto, 7,732.8 GWh, se perdió en el proceso de transmisión y distribución, o bien no fue facturado por causas administrativas o técnicas.
Estas pérdidas representan un 37.8 % del total de la energía adquirida, una cifra alarmante para un sistema que, además, enfrenta serias dificultades para cobrar lo que factura.
En junio de 2025, las distribuidoras facturaron 11,180.7 GWh, pero solo cobraron 7,393.7 GWh, lo que refleja una tasa de cobrabilidad promedio del 66.1 %. Es decir, cerca de un tercio de la energía entregada y facturada no fue pagada por los usuarios, lo que genera un severo déficit financiero.
Las estadísticas muestran que Edenorte solo logró cobrar el 58.7 % de lo facturado, Edeeste el 61.6 % y Edesur alcanzó el mejor desempeño con 75.9 %, aunque todas están por debajo de los estándares deseables de eficiencia.
Esta brecha entre lo que se compra, lo que se pierde, y lo que no se cobra, genera una carga insostenible para las finanzas del sistema eléctrico nacional, la cual termina siendo cubierta por el Gobierno central a través de subsidios y transferencias millonarias.
Uno de los aspectos más graves es que, a pesar de las inversiones y la liberalización de los procedimientos de contratación por el estado de emergencia, el sistema sigue sin garantizar un suministro estable.
En diversas regiones del país se registran apagones diarios que afectan el comercio, la vida doméstica y las actividades productivas, lo que ha generado creciente irritación en la ciudadanía.
Las redes sociales y medios de comunicación se hacen eco diariamente de las quejas por cortes eléctricos que se extienden por varias horas, incluso en sectores donde antes el servicio era más estable.
El informe también señala que los ayuntamientos del país mantienen deudas acumuladas superiores a los RD$18,000 millones con las empresas distribuidoras, otro factor que agrava el problema de liquidez del sistema y compromete la sostenibilidad operativa.
Aunque existen planes como el “Plan Integral de Reducción de Pérdidas 2022‑2028”, que busca modernizar redes, reducir fraudes y mejorar la eficiencia del sistema, los avances aún no se traducen en mejoras visibles para la población.
El panorama revela un sistema energético colapsado financieramente, con fallas estructurales graves, y que depende de una alta intervención estatal para subsistir.
La declaración de emergencia, si bien otorga más agilidad administrativa, también exige mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, en un contexto donde los apagones y las pérdidas siguen siendo la norma, y la paciencia ciudadana, un recurso cada vez más escaso.
