Presupuesto 2026: Gobierno dominicano prevé financiarse con más deuda y apuesta por mayor inversión en infraestructura
Por La Redacción
Santo Domingo, 30 de septiembre de 2025 – El Poder Ejecutivo depositó el pasado viernes en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2026, el cual contempla necesidades de financiamiento bruto por un total de 401,767.8 millones de pesos.
Esta cifra refleja una combinación de déficit fiscal y aplicaciones financieras, así como un marcado incremento en el gasto de capital, que se proyecta en 215,284.7 millones de pesos.
Según el documento entregado por el Ministerio de Hacienda, los recursos obtenidos a través de emisiones de deuda serán dirigidos a cubrir un déficit fiscal estimado en 280,575.2 millones de pesos, lo que representa un 3.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el próximo año.
A este monto se suman 121,192.5 millones de pesos correspondientes a aplicaciones financieras, entre ellas, la amortización de pasivos y la adquisición de activos financieros.
Una vez aprobado el proyecto de ley, el Gobierno estará autorizado para colocar valores tanto en el mercado local como en los mercados internacionales, lo que permitirá diversificar sus fuentes de financiamiento y adaptarse a las condiciones del entorno económico global.
Uno de los rubros que experimentará un notable incremento es el servicio de la deuda pública. Para el año 2026, se destinarán 324,257.1 millones de pesos al pago de intereses y comisiones, lo que implica un aumento de 25,770.7 millones con respecto a los 298,486.4 millones contemplados para el año en curso.
En lo referente al gasto de capital, el Gobierno central ha establecido una asignación significativa de 215,284.7 millones de pesos, de los cuales un 30.5 %, equivalente a 65,675 millones, será destinado a proyectos de construcción actualmente en desarrollo.
Entre las obras que recibirán fondos el próximo año se destacan la primera fase de ampliación y rehabilitación del puerto de Manzanillo, con una inversión de 1,375.5 millones de pesos; la expansión de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, con 2,620 millones; el monorriel de Santiago, que absorberá 11,779.8 millones; y la segunda fase del programa de revitalización de la Ciudad Colonial, que contará con 875.6 millones.
También se contempla la asignación de 3,144 millones de pesos al programa de mejoramiento de redes eléctricas de media y baja tensión, junto con la normalización de clientes; además de 980 millones para la ejecución de obras complementarias en la presa de Monte Grande, entre otros proyectos prioritarios.
Estas iniciativas serán financiadas en parte por créditos provenientes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y la Agencia Francesa de Desarrollo. En total, estos préstamos ascenderían a 44,491.2 millones de pesos.
En el apartado de ingresos fiscales, el Gobierno prevé dejar de recaudar 393,541.5 millones de pesos debido a exenciones y beneficios tributarios. Esta cifra representa un aumento de 15,813.6 millones con respecto al gasto tributario reestimado para 2025, que fue de 377,727.9 millones. Esto equivale a un crecimiento del 4.19 %.
Del total estimado de gasto tributario, el 66.79 %, es decir, 262,859.2 millones de pesos, corresponde a impuestos indirectos, mientras que el 33.21 %, unos 130,682.3 millones, está relacionado con impuestos directos. Este sacrificio fiscal equivale al 4.54 % del PIB proyectado para 2026.
En cuanto a la estructura global del presupuesto, el proyecto contempla ingresos por 1,342,258.2 millones de pesos frente a gastos que ascenderán a 1,622,833.4 millones, consolidando así la necesidad de recurrir a financiamiento externo e interno para cubrir la brecha fiscal.
La pieza presupuestaria fue incluida en la agenda de la Cámara de Diputados para su análisis formal a partir de este lunes. Según el reglamento interno del Congreso, una vez que se inicie el trámite legislativo, el proyecto será enviado a una comisión especial, la cual contará con un plazo de un mes para rendir un informe detallado sobre su contenido y viabilidad.
Aunque la propuesta aún no ha sido evaluada a fondo por los legisladores, ya han surgido voces críticas desde distintos sectores políticos. Legisladores como Ramón Rogelio Genao (PRSC), Carlos de Pérez (Fuerza del Pueblo) y Danilo Díaz (PLD) han coincidido en señalar que los presupuestos de los últimos años han mostrado un déficit en inversión en infraestructura, priorizando en cambio el gasto corriente.
“El Gobierno debe invertir más en varilla y cemento mientras se analiza cómo reducir el gasto corriente”, expresó el senador Genao, quien aunque es aliado al oficialismo, llamó a una mayor asignación para obras públicas que respondan a las necesidades reales de la población.
