Más allá de SENASA
Juan Ariel Jiménez
El déficit del Seguro Nacional de Salud (SENASA) es un escándalo que el país todavía no ha dimensionado del todo: se habla de cifras que van desde 6 mil millones hasta 25 mil millones de pesos. La magnitud real solo se conocerá con una auditoría externa independiente, mientras que el origen del problema deberá determinarlo la investigación de la Superintendencia de Salud, y en caso de manejo fraudulento, las pesquisas del Ministerio Público.
Lo preocupante no es únicamente la magnitud del déficit de SENASA, sino la manera en que fue manejado: primero negado por el gobierno en LA Semanal, luego minimizado como un supuesto “ataque de la oposición al seguro de los pobres”, y finalmente reconocido de forma parcial alegando que “se había enviado el caso en noviembre del año pasado”, justificación poco satisfactoria pues lo que se había remitido previamente al Ministerio Público correspondía a un fraude de apenas 41 millones de pesos. Muy lejos de los miles de millones que hoy se discuten.
La diferencia entre la negación inicial y la mentira final fueron dos programas de investigación periodística que ya no le dieron posibilidad al gobierno de seguir ocultando el problema.
Sin embargo, lo más grave no es el deterioro financiero de SENASA, lo peor es que todo esto ha ocurrido al mismo tiempo que se deterioraban la calidad y eficacia de los servicios de salud, como muestran los datos del propio gobierno.
De hecho, según informaciones del SISDOM 2024 del Ministerio de Economía, así como los boletines de epidemiología del Ministerio de Salud, del año 2019 a la fecha el país ha tenido los siguientes retrocesos:
• La mortalidad materna subió de 91 a 125, con lo cual se vuelve a los niveles del año 2010, para un deterioro de 15 años.
• La mortalidad neonatal pasó de 12 a 13.1, lo cual deja a la República Dominicana como uno de los pocos países de América Latina donde empeoró la mortalidad neonatal.
• La incidencia de tuberculosis por cada 100,000 habitantes aumentó de 34.4 a 40.8, con la terrible coincidencia de que la cobertura de la estrategia “Alto a la Tuberculosis” bajó de 94% a 90%. Dígase, hay más casos de tuberculosis, pero hay menor atención a los mismos.
• El porcentaje de casos tratados de VIH en población menor de 14 años cayó de 48.5% a apenas 15%. Hay menos casos tratados de VIH a pesar de que la población menor de edad con dicha enfermedad se ha casi triplicado, pasando de 1,300 a 3,100. Similar al caso de la tuberculosis, mayor cantidad de enfermos y menor porcentaje de atendidos por el sistema de salud.
• La cobertura de vacunación de sarampión descendió de 96.2% a 94.8%.
• La cobertura de vacunación de poliomielitis bajó de 92.0% a 85.3%.
• La cobertura inmunitaria con DPT/PENTA retrocedió de 89.1% a 83.3%.
A esto se suma el desabastecimiento en las Farmacias del Pueblo y el abandono del programa de Alto Costo, que ha dejado a muchos pacientes sin acceso a los medicamentos que necesitan.
El trasfondo de esta situación refleja un problema aún más grande que el déficit de SENASA, pues el “meollo” del asunto es la visión equivocada de la política de salud. En lugar de fortalecer el primer nivel de atención y la salud colectiva, el gobierno ha destinado recursos a contratar empresas privadas para brindar servicios de atención primaria y a financiar clínicas privadas a través del BANDEX (algún día se explicará cómo un banco de exportaciones puede financiar clínicas privadas). Todas estas medidas, lejos de resolver la crisis de salud, tienden a fragmentar aún más el sistema.
Si en lugar de despilfarrar los recursos públicos en el “pequeño BANINTER” de SENASA, se hubiesen dedicado esos recursos a fortalecer la atención primaria mediante la construcción y fortalecimiento del primer nivel de atención (tanto los centros de servicios como el personal necesario), hoy en día los indicadores de salud estuvieran mejorando, no empeorando.
En conclusión, el deterioro de SENASA no es solo un problema financiero; es un síntoma de un deterioro más profundo: la visión de que la salud es un negocio para unos cuantos, y no un derecho fundamental que se garantiza con adecuadas políticas públicas. Y ese, quizás, sea el mayor costo que la sociedad tendrá que asumir.
Listín Diario
