Ética, Gobierno y Senasa
Guido Gómez Mazara
La propensión a empaquetar la conducta del funcionariado sirve de base a las generalizaciones. En esencia, culturalmente se vincula el ejercicio gubernamental al aprovechamiento de fondos públicos y su automática transferencia a bolsillos privados. La observación ciudadana ha ido construyendo un interesante proceso de auditoría visual, al margen de los tecnicismos sancionadores, pero con una potencialidad enorme porque sella y descalifica a reconocidos exponentes de la fauna política.
El éxito electoral del PRM se concentró en marcar la diferencia respecto de prácticas éticas de sus competidores. Así, el tejido moral de los electores sintió atracción por una oferta que, ganado el poder no tenía punto de retorno, y sin intuirlo, sembró en la sociedad una capacidad de descalificación, capaz de arruinar a los que rompan los parámetros mínimos de decencia. Hasta la aparición del caso Senasa, la oposición se encontraba contra las cuerdas para abordar los temas de adecentamiento de la actividad pública. Ahora bien, una vez colocado en el centro de la opinión un acto deshonesto y pasible de una enérgica sanción, de manera frontal y tercerizada, se articula una narrativa de que todos somos iguales. Y en ese sentido, las dos fuerzas opositoras con mayor peso electoral hacen un ejercicio mediático, no en el interés de impugnación a la irregularidad administrativa y a todas luces abusivas sino estimulando la idea de un fenómeno del colectivo político, base de un respiro coyuntural para su jurisdicción y potencialmente garante de un reordenamiento en los electores de la valoración relativa a 20 años de desempeño frente a las arcas públicas.
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El gobierno debe cuidar dos elementos esenciales. Garantizar, la no reproducción de anomalías de ninguna naturaleza, en la intención de presentar lo de Senasa como un hecho aislado, impropio y que debe ser sancionado. Y en segundo orden, sin inmiscuirse en aspectos propios del accionar del Ministerio Público, garantizar que la documentación enviada respecto de los actos administrativos impúdicos no deje ningún nivel de ambigüedad en condición de proteger a nadie. Es la única manera de preservar los niveles de diferenciación que se tradujeron en favorabilidad electoral, fuente del respiro ético indispensable.
La lucha por el adecentamiento es tarea de todos. No obstante, como el ciclo de conclusión de la actual gestión podría provocar desespero y rupturas con moldes de transparencia, Luis Abinader tendrá la enorme tarea de cuidar excesivamente el legado de su gestión, impidiendo a toda costa que los diestros maquinadores de siempre insistan en calcar hábitos malignos propensos a desarrollarse en los últimos años del plazo establecido en la constitución. Cuidar la imagen ética y eficacia del gobierno es de vital importancia, y el que rompa con esa meta, lo daña todo.
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