Los obstáculos de la nueva misión en Haití

Flavio Darío Espinal

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) adoptó el 30 de septiembre la Resolución 793 (2025) mediante la cual autorizó a los Estados Miembros a que efectúen la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití encabezada por Kenia a una Fuerza de Represión de las Bandas (FRB) en coordinación con el gobierno de ese país por un período de doce meses, en el entendido de que el costo del personal de esta nueva iniciativa será sufragado por aportes voluntarios de los Estados. Sin duda, esta decisión tiene que ser bien recibida porque existía el riesgo de que se dejara extinguir la MMAS sin ninguna otra misión que la sustituyera. Esta resolución, presentada por Estados Unidos y Panamá, contó con doce votos a favor y tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán). Sin duda, las autoridades dominicanas tienen buenos motivos para celebrar esta decisión, pues su «insistencia diplomática» de que el Consejo de Seguridad de la ONU transformara y fortaleciera la misión en Haití dio sus frutos.

Es importante que Estados Unidos tomara la iniciativa y se involucrara en sacar adelante esta resolución, como también lo es que China y Rusia decidieran abstenerse en lugar de ejercer su derecho al veto. No es que estos dos países no hayan colaborado en otras ocasiones, pero esta vez había factores externos a la crisis haitiana gravitando en el escenario internacional que podían influir para que ellos optaran por bloquear esta resolución. Ahora queda esperar a ver cómo se pasa de la formalidad a la materialidad, esto es, determinar cuál país o países asumirán un liderazgo en el terreno para coordinar las fuerzas operativas, cuáles países contribuirán financieramente con la misión y hasta qué punto lo harán, así como cuál será la estrategia policial y militar que se adoptará para cumplir de manera efectiva con el propósito de desarticular y erradicar las bandas criminales que han tomado el control de gran parte del territorio haitiano.

La resolución del Consejo de Seguridad dispuso algunos aspectos concretos. Por ejemplo, decidió que la FRB tendrá una dotación máxima de 5,550 efectivos, de los cuales 5,500 serán uniformados, tanto de personal militar como policial, y 50,000 serán civiles que trabajarán en tareas de coordinación y apoyo administrativo. Sin embargo, en muchos otros aspectos la resolución es bastante general y no llega a definir políticas ni responsabilidades concretas, por lo que queda un buen camino por trillar para poner andar esta nueva misión cuyo objetivo se enfoca en llevar a cabo «operaciones selectivas de luchas contra las bandas a partir de información de inteligencia para neutralizar, aislar y disuadir a las bandas que siguen amenazando a la población civil, perpetrando abusos de los derechos humanos y socavando las instituciones haitianas».

La experiencia de la misión encabezada por Kenia no fue muy exitosa porque careció del apoyo necesario, lo que la hizo débil e inefectiva. De hecho, todo parece indicar que durante el tiempo que esta misión ha estado en Haití las bandas se han fortalecido, lo que dio lugar a esta nueva decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, si bien ha pasado poco tiempo desde la adopción de la resolución, todavía no hay un curso de acción definido para implementar sus mandatos, lo que requiere definir el liderazgo político y operacional de la misión, aportar recursos financieros por parte de los Estados, conformar la fuerza de efectivos militares, policiales y civiles, así como muchos otros aspectos propios de una misión de esta naturaleza.

Mientras este proceso tenía lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, el Congreso de Estados Unidos dejó expirar la legislación que se identificó como HOPE/HELP, la cual creó un marco preferencial de acceso al mercado estadounidense de productos textiles y prendas de vestir producidos en Haití para promover la inversión y la creación de empleos en ese país. Sin esas preferencias arancelarias, las empresas que están en Haití acogiéndose a ese esquema comercial buscarán otros lugares desde donde producir y exportar a ese mercado, lo que afectará severamente la principal fuente de actividad económica en Haití.

Si bien el Congreso de Estados Unidos puede, en cualquier momento, reponer las preferencias arancelarias a favor de Haití, lo cierto es que el ambiente en Washington no favorece el apoyo a esquemas preferenciales de comercio, aun sea para un país como Haití, impactado durante todos estos años por fenómenos de la naturaleza, crisis políticas y colapso de su seguridad. Sólo hay que pensar que República Dominicana, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que le ha dado un significativo superávit comercial a ese país en la relación bilateral con el nuestro ha sido penalizado con un arancel de un diez por ciento, de lo que se desprende que será muy difícil que se obtengan los votos necesarios para reponer la legislación que establece la preferencia comercial a favor de Haití. En todo caso, hay que desear que esto suceda, pues sin un marco normativo cierto que incentive la inversión y la creación de empleos en Haití a partir de un acceso preferencial al mercado estadounidense es muy poco lo que se podrá lograr para recuperar el crecimiento económico en ese país.

Por estas razones, hay motivos para ser muy cautelosos en el optimismo que generó la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. En este contexto, la República Dominicana tiene desplegar un doble esfuerzo: por un lado, hacer todo cuanto esté a su alcance en el plano diplomático para que se ponga en práctica la Fuerza de Represión de las Bandas en Haití y, por el otro, realizar igualmente un esfuerzo diplomático y privado en Washington para que el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos restablezcan las preferencias arancelarias a favor de Haití en el esquema HOPE/HELP. Esta es una condición necesaria, si bien no suficiente, para crear condiciones para que la inversión fluya hacia Haití, única forma de generar empleos y contribuir a que, algún día, haya orden, estabilidad y gobernabilidad en ese país.

Diario Libre

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