Dirigentes del Gobierno y la oposición coinciden en prevenir infiltración del narcotráfico en los partidos políticos

Santo Domingo, 11 nov. – El avance del narcotráfico en la vida política dominicana ha encendido las alarmas en diversos sectores del país. En medio de recientes escándalos que vinculan a dirigentes y allegados a partidos políticos con redes del crimen organizado, dos figuras de peso en la política nacional han coincidido en la necesidad urgente de enfrentar este fenómeno: José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y Preisdente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) y dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP).

Ambos líderes, provenientes de posiciones políticas opuestas, han expresado públicamente su preocupación por el nivel de penetración que ha alcanzado el narcotráfico en las estructuras partidarias, así como la urgencia de adoptar medidas preventivas y sancionadoras que eviten que esta situación termine por socavar la legitimidad del sistema democrático.

José Ignacio Paliza sostuvo que el narcotráfico no responde a colores partidarios ni a lealtades políticas, y que su única motivación es la búsqueda de impunidad y poder.

En una intervención ofrecida en el programa radial “El Sol de la Mañana”, el también presidente del PRM afirmó que este es un problema de carácter estructural y social que debe abordarse de forma unificada por todas las fuerzas vivas de la nación.

“Es un tema tan serio, tan estructural, que requiere de una unidad nacional porque, más allá, quien se afecta no es un partido político en específico. Se afecta el Estado en sentido completo, se afecta la convivencia social y se afectan las futuras generaciones”, expresó.

Paliza fue enfático en señalar que la posición del Gobierno ha sido de firmeza ante este tipo de crímenes, asegurando que “el que esté vinculado al narcotráfico en el PRM o cualquier otro partido político ya conoce la suerte que correrá”. En ese sentido, destacó que hoy en día nadie puede sentirse protegido por su posición política o por su militancia, y que las instituciones están llamadas a actuar sin distinción.

Asimismo, el funcionario propuso que los partidos políticos sean incluidos como sujetos obligados en materia financiera dentro del marco legal, de modo que estén obligados a rendir cuentas sobre el origen de sus recursos y a adoptar medidas de control interno más rigurosas.

Infiltración del narco en la política llega a «niveles alarmantes»

Por su parte, Roberto Rosario alertó que la infiltración del narcotráfico y el lavado de activos en la política dominicana ha alcanzado niveles alarmantes, y advirtió que si no se toman acciones inmediatas, el país podría enfrentarse a una crisis de legitimidad institucional.

El ex titular de la JCE afirmó que esta situación no es nueva, pero que en los últimos tiempos ha adquirido una visibilidad preocupante por la cantidad de casos en un corto período.

“Ahora llama la atención porque son demasiados en poco tiempo. Se requieren medidas urgentes para que no se vea como algo normal que cualquier dirigente político pueda estar vinculado al narcotráfico. Si permitimos que eso se normalice, estaríamos ante el colapso de la sociedad”, declaró Rosario en una entrevista televisiva.

El dirigente de Fuerza del Pueblo recordó que durante su gestión al frente de la JCE se remitían los listados de candidatos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y a la Policía Nacional para su depuración. En ese contexto, mencionó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegó a excluir a unos diez aspirantes a cargos electivos por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, aun sin tener condenas en su contra.

Rosario propuso la firma de un pacto nacional entre todos los partidos políticos, la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional, con el objetivo de establecer una política de Estado frente al narcotráfico y el crimen organizado.

A su juicio, esta alianza permitiría establecer criterios unificados y mecanismos efectivos para evitar la penetración de estructuras delictivas en la vida política del país.

Insistió en la necesidad de aplicar con rigor la Ley de Partidos y la Ley Electoral, las cuales ya contemplan disposiciones para prevenir el financiamiento ilícito y las candidaturas de personas vinculadas a actividades criminales.

Según el exfuncionario, si estas leyes se implementaran de manera adecuada, se podría reducir en más de un 70 % el financiamiento irregular en las campañas políticas.

Los señalamientos de Paliza y Rosario llegan en medio de revelaciones recientes que han generado controversia nacional. Entre ellas, la admisión de participación en el tráfico internacional de cocaína por parte del regidor del PRM, Edickson Herrera Silvestre, y del general retirado William Durán Jerez.

También se ha hecho pública la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos del exesposo de la diputada del PRM Jacqueline Fernández, vinculado igualmente al narcotráfico.

Ambos dirigentes coincidieron en que el problema debe ser abordado con madurez institucional, sin caer en la tentación de utilizarlo como herramienta de lucha partidaria. Subrayaron que la amenaza es real y afecta a todo el sistema político por igual, por lo que se requiere una respuesta nacional coordinada.