Haití vuelve a caer en un vacío institucional a partir de este sábado, en medio de tensiones políticas y presión internacional

Puerto Príncipe, 6 Feb. – Haití se encamina nuevamente hacia un escenario de vacío institucional a partir de este sábado 7 de febrero, cuando expira formalmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), órgano creado en 2024 con el objetivo de conducir al país hacia elecciones generales y restablecer el orden constitucional.

Lejos de consolidar la transición, el vencimiento del plazo encuentra a la nación caribeña sumida en una profunda crisis política, social y de seguridad, marcada por la fragmentación del poder, la violencia de las pandillas y la creciente injerencia de actores internacionales.

A pocas horas de la fecha límite, no existe un consenso claro entre los principales sectores políticos e institucionales sobre el mecanismo que sustituirá al CPT o garantizará la continuidad del Estado.

Este escenario ha reavivado los temores de un colapso institucional similar al vivido en etapas anteriores, cuando la ausencia de autoridades legítimas abrió espacios a la violencia armada y al debilitamiento total de la administración pública.

En medio de esta incertidumbre, la Embajada de Estados Unidos en Haití expresó públicamente su respaldo al liderazgo del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. En un comunicado difundido esta semana, la delegación diplomática afirmó que apoya su gestión “en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre”, una declaración que cobra especial relevancia ante la inminente disolución del CPT y los intentos internos de reconfigurar el poder ejecutivo.

De hecho, días antes, el propio Consejo Presidencial de Transición había informado sobre el inicio de un proceso para sustituir a Fils-Aimé por un primer ministro interino, con un plazo máximo de 30 días.

Esta iniciativa generó tensiones con Washington, que se mostró abiertamente contrario a cambios abruptos en la estructura gubernamental. El subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau, advirtió el pasado 23 de enero que modificar la composición del gobierno en este momento crítico podría socavar los esfuerzos para restablecer la seguridad y una estabilidad mínima en el país.

La posición estadounidense se ha visto reforzada por medidas concretas. El pasado 25 de enero, el Departamento de Estado anunció la revocación de visados a dos miembros del CPT y a sus familiares, tras acusaciones de presuntos vínculos con pandillas y otras organizaciones criminales.

Esta decisión añadió un nuevo elemento de presión y deslegitimación sobre el órgano transitorio, ya cuestionado por amplios sectores de la sociedad haitiana.

Paralelamente, Estados Unidos confirmó la llegada a aguas haitianas de varias embarcaciones militares —el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence— como parte de la denominada Operación Lanza del Sur.

Según la Embajada de los Estados Unidos en Haití, la presencia de la Marina y la Guardia Costera estadounidenses refleja un “compromiso inquebrantable” con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití. Aunque oficialmente se trata de una misión de apoyo y disuasión, su despliegue subraya la gravedad del momento político que atraviesa el país.

Mientras tanto, en el plano interno, diversos actores haitianos han intentado articular una salida política de emergencia. Una reunión celebrada durante varios días en el hotel Montana, en Puerto Príncipe, congregó a representantes políticos, jurídicos y de la sociedad civil, y concluyó con la propuesta de una nueva fórmula de gobernanza denominada “ejecutivo dual”.

Según la resolución leída por el exdiputado Clovis Obas, esta estructura contemplaría la creación de un Colegio Presidencial integrado por un miembro del CPT, un representante del Tribunal de Casación y un delegado de la sociedad civil, como mecanismo provisional para evitar el colapso del poder ejecutivo.

Sin embargo, esta propuesta no ha logrado consenso nacional ni reconocimiento internacional, y su viabilidad jurídica sigue siendo objeto de debate. Para muchos analistas, la proliferación de fórmulas transitorias sin un marco constitucional sólido solo profundiza la crisis de legitimidad que arrastra el Estado haitiano desde hace años.

Todo este panorama político se desarrolla en un contexto social dramático. Haití continúa atrapado en una espiral de violencia protagonizada por bandas armadas que controlan amplias zonas del territorio, incluyendo sectores estratégicos de la capital.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, solo en 2025 al menos 5,915 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas como consecuencia de enfrentamientos entre pandillas y de las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas. Estas cifras reflejan no solo la magnitud de la crisis de seguridad, sino también la fragilidad de las instituciones encargadas de proteger a la población.

Con el vencimiento del mandato del CPT este sábado, Haití se enfrenta nuevamente a un punto de inflexión. La falta de una hoja de ruta clara, la desconfianza entre los actores políticos, la presión internacional y la violencia persistente configuran un escenario en el que el vacío institucional parece inevitable.

Para una población agotada por años de inestabilidad, el temor es que este nuevo capítulo de incertidumbre prolongue aún más la transición y aleje, una vez más, la posibilidad de un retorno efectivo al orden democrático.