La policía impide marcha de trabajadores cañeros al Palacio Nacional

Santo Domingo, 22 nov – Agentes de la Policía Nacional impidieron este lunes una marcha al Palacio Nacional promovida por la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) que reclama al gobierno pensiones y otras demandas sociales.

Es la tercera ocasión consecutiva que La Policía impide a los trabajadores cañeros marchar hacia la sede del gobierno.

En la mañana, los cañeros se conglomeraron debajo del elevado de la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando como punto de partida para una manifestación en demanda de pensiones y otros reclamos, pero se encontraron con el obstáculo de que varias patrullas de la Policía Nacional los rodearon e impidieron que salieran del lugar.

Según el relato de Jesús Núñez, presidente de la UTC, los agentes llegaron a retener las llaves de varios autobuses en los que pretendían movilizarse y hasta los prohibían abordar vehículos de transporte público.

Muchos de los cañeros acudieron directamente a la avenida 27 de febrero con Leopoldo Navarro, evadiendo el punto de la Máximo Gómez, pero allí también se encontraron con varias patrullas comandadas por un coronel apellido Severino, quien les advirtió que no podían protestar. A pesar de la oposición, decenas de trabajadores de los ingenios azucareros permanecen en ese lugar, rodeados por un cordón de policías.

El grupo de personas identificados como «nacionalistas» que en las dos veces anteriores amenazaban con no dejar a los cañeros montar el piquete frente al Palacio Nacional no fueron vistos por Diario Libre en esta ocasión.

La UTC se dispone entregar un documento al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, en el que expresan tres puntos. En el primero de ellos se oponen a la deportación de mujeres inmigrantes haitianas embarazadas, por considerar la práctica violadora a los derechos humanos y al reglamento de la Ley General de Migración 285-04.

Recuerdan que faltan más de cinco mil cañeros por recibir su pensión y exigen el cumplimiento de los acuerdos de contratación de los braceros otorgándoles pensiones permanentes.

Jesús Núñez contó que 11 mujeres embarazadas de su círculo fueron impedidas por la Dirección General de Migración de ser atendidas en maternidades públicas, por lo que tuvieron que desplazarse a centros del interior donde la vigilancia es menor.

Entiende que el Gobierno podría tener problemas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de continuar con esas medidas.

En otro orden, denunció que hace dos noches llegó desde la frontera al Batey Jalonga un autobús con 32 cañeros, quienes pagaron RD$25 mil cada uno. Primero les dicen que les van a cobrar RD$15 mil y luego les suben la tarifa arbitrariamente, explica Núñez.

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