Consumo de drogas impulsa 7 de cada 10 delitos menores en el Distrito Nacional, revela magistrada
Santo Domingo, 18 abril.– El 70 % de los delitos menores procesados en el Distrito Nacional está directamente relacionado con el consumo problemático de sustancias, según reveló la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de esta jurisdicción, al presentar los avances de un programa piloto enfocado en la justicia restaurativa y terapéutica.
El dato surge de un estudio de viabilidad que evidencia la estrecha relación entre las infracciones menores y la dependencia a narcóticos, lo que ha motivado la implementación de un modelo alternativo al sistema penal tradicional.
Durante su participación en el panel “Tratamiento bajo Supervisión Judicial Posible”, realizado en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Romero explicó que la iniciativa busca sustituir el enfoque adversativo —basado en la confrontación de las partes— por uno colaborativo, en el que el tribunal acompaña de manera activa el proceso de recuperación del imputado.
La magistrada detalló que el programa permite seleccionar a personas con dependencia a sustancias bajo estrictos criterios legales y sanitarios, facilitando así una intervención integral que combina justicia y salud pública. “Se trata de adoptar una mirada más humana. El juez sigue siendo juez, pero reconoce que el procesado enfrenta factores de riesgo y una condición de salud”, expresó.
En el mismo panel participó la jueza administradora de Bayamón, Puerto Rico, Carmen Otero, quien expuso la experiencia de su país, donde la justicia terapéutica forma parte de la política pública respaldada constitucionalmente.
Otero destacó que el sistema penitenciario puertorriqueño implica un gasto anual cercano a los 343 millones de dólares, mientras que los programas de tratamiento supervisado resultan más económicos y eficaces en la rehabilitación social.
“El enfoque terapéutico promueve el trabajo conjunto de todas las partes hacia la recuperación, a diferencia del modelo tradicional, que es confrontativo”, señaló.
Las expositoras coincidieron en que el sistema judicial debe evolucionar hacia un modelo capaz de atender las causas estructurales del delito, en lugar de limitarse a sancionar sus consecuencias.
Las ponencias se desarrollaron como parte del Plan de Optimización del Proceso Penal, eje central de la Conferencia del Poder Judicial 2026, un evento que reunió a 68 expertos internacionales de 25 países y más de 6,000 participantes, consolidando a la República Dominicana como un referente regional en innovación jurídica.
