Más de US$4,700 millones en préstamos y pocos resultados: tránsito y cambio climático exponen las debilidades de la inversión pública
Dos investigaciones revelan que República Dominicana ha contratado financiamientos multimillonarios para enfrentar el caos vehicular y fortalecer la resiliencia climática, mientras persisten los problemas estructurales, la baja ejecución de proyectos y la limitada capacidad de transformar deuda en soluciones concretas
Santo Domingo, 31 mayo.- Durante los últimos siete años, la República Dominicana ha comprometido más de 4,700 millones de dólares en préstamos destinados a dos de los mayores desafíos que enfrenta la nación: la crisis del tránsito urbano y la creciente amenaza del cambio climático.
Sin embargo, pese a la magnitud de los recursos obtenidos mediante organismos multilaterales y entidades financieras internacionales, los resultados visibles continúan siendo insuficientes frente a las necesidades del país.
Dos investigaciones publicadas por el periódico Listín Diario ponen en evidencia una realidad que comienza a generar preocupación entre economistas, especialistas en políticas públicas y sectores de la sociedad civil: el país sigue aumentando su endeudamiento para financiar programas de movilidad, transporte sostenible, seguridad vial, resiliencia climática y gestión de riesgos ambientales, pero los avances concretos no parecen corresponderse con los miles de millones de dólares comprometidos.
Por un lado, la nación ha contratado cerca de 2,000 millones de dólares para reorganizar el tránsito, mejorar la movilidad urbana y modernizar el transporte público.
Por otro, ha asumido compromisos superiores a los 2,794 millones de dólares para enfrentar los efectos del cambio climático, fortalecer infraestructuras vulnerables y desarrollar proyectos de sostenibilidad ambiental.
La suma de ambos componentes supera los 4,700 millones de dólares, una cifra que refleja el enorme esfuerzo financiero realizado por el Estado dominicano en los últimos años. Sin embargo, la pregunta que surge es inevitable: ¿por qué continúan agravándose los problemas que precisamente motivaron la contratación de estos préstamos?
El tránsito: una deuda creciente frente a un problema persistente
Pocas situaciones afectan tanto la calidad de vida de los dominicanos como el tránsito. Los largos congestionamientos, los elevados índices de accidentes, el transporte informal y la limitada planificación urbana continúan siendo parte del panorama cotidiano en las principales ciudades del país.
Con el propósito de enfrentar esta problemática, distintos gobiernos han recurrido al financiamiento internacional para impulsar reformas estructurales.
La primera gran operación ocurrió en diciembre de 2019, cuando el gobierno del entonces presidente Danilo Medina suscribió un préstamo de 250 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
No se trataba de un financiamiento convencional. El desembolso estaba condicionado al cumplimiento de reformas específicas derivadas de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Entre los requisitos establecidos figuraban la puesta en funcionamiento del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, la creación de unidades especializadas para la investigación de accidentes de tránsito, el fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la formalización de miles de operadores del transporte público.
Posteriormente, en octubre de 2020, el Estado dominicano contrató otros 250 millones de dólares con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), destinados exactamente al mismo programa de reformas.
Ambos préstamos perseguían objetivos similares: transformar la gestión del tránsito, modernizar el transporte terrestre y fortalecer la seguridad vial.
Dos años más tarde, en octubre de 2022, el BID aprobó una nueva operación por 200 millones de dólares bajo el mismo esquema.
Esta vez las condiciones incluían la implementación de acciones concretas del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, la elaboración de reglamentos para el transporte escolar con enfoque inclusivo y avances en materia de electromovilidad.
A estos financiamientos se sumaron posteriormente otros destinados a la construcción de infraestructura de transporte masivo.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de 250 millones de dólares para la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, mientras que en 2024 se formalizó un financiamiento cercano a los 510 millones de dólares para la construcción del Monorriel de Santiago.
Las autoridades sostienen que estas inversiones contribuirán a reducir los niveles de congestión vehicular y mejorar la movilidad urbana.
Sin embargo, mientras las obras avanzan lentamente y muchas reformas continúan en proceso de implementación, la realidad cotidiana sigue marcada por tapones kilométricos, elevados índices de mortalidad por accidentes y un crecimiento acelerado del parque vehicular que supera la capacidad de respuesta de las infraestructuras existentes.
El desafío climático: miles de millones comprometidos
Paralelamente al problema del tránsito, República Dominicana enfrenta una amenaza de largo plazo que podría tener consecuencias aún más profundas: el cambio climático.
Los expertos advierten que el Caribe será una de las regiones más impactadas por el incremento de las temperaturas globales.
Huracanes más intensos, tormentas tropicales más frecuentes, inundaciones, sequías prolongadas y erosión costera forman parte de los escenarios proyectados para las próximas décadas.
Aunque la República Dominicana genera apenas el 0.06 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, figura entre los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global.
Con el objetivo de fortalecer su capacidad de adaptación, el país ha contratado desde 2020 préstamos por más de 2,794 millones de dólares.
De ese total, aproximadamente mil millones de dólares están destinados a programas de resiliencia climática, crecimiento económico sostenible y fortalecimiento de infraestructuras críticas, especialmente puentes y obras vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.
Otros 430 millones de dólares corresponden a proyectos de respuesta ante emergencias y gestión de riesgos de desastres.
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo Banco Mundial, concentra la mayor parte de estos recursos.
A su vez, participan instituciones como el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo, el BCIE, la CAF y el Instituto de Crédito Oficial de España.
La lógica detrás de estas operaciones es clara: preparar al país para enfrentar eventos climáticos cada vez más severos.
No obstante, los datos disponibles muestran una realidad preocupante.
Según el Mapa de Inversiones 2.0 del BID, de los 5,295 millones de pesos presupuestados para programas relacionados con cambio climático, apenas se había ejecutado el 8.88 %.
La baja ejecución plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para convertir los préstamos obtenidos en proyectos efectivos de adaptación y mitigación.
La paradoja de la deuda sin transformación
Las investigaciones del Listín Diario permiten identificar un patrón común en ambos sectores.
Tanto en movilidad urbana como en resiliencia climática, el país ha logrado acceso a importantes fuentes de financiamiento internacional.
Sin embargo, la capacidad para traducir esos recursos en transformaciones estructurales sigue siendo limitada.
En el caso del tránsito, los préstamos han financiado reformas regulatorias, fortalecimiento institucional y proyectos de transporte masivo.
A pesar de ello, los indicadores de congestión vehicular y accidentalidad continúan entre los más altos de la región.
En el ámbito climático ocurre algo similar.
Aunque se anuncian programas multimillonarios de sostenibilidad, adaptación y gestión de riesgos, los niveles de ejecución permanecen bajos y las comunidades siguen expuestas a inundaciones, erosión costera y vulnerabilidades históricas.
La situación adquiere mayor relevancia cuando se observa que la inversión pública en República Dominicana representa apenas el 5.6 % de la inversión total nacional, según el informe Dinámicas Caribeñas de Desarrollo 2026.
Se trata de la proporción más baja entre los países evaluados por el estudio.
Mientras tanto, más del 94 % de la inversión total proviene del sector privado.
¿Dónde está el impacto?
La principal interrogante que surge de ambas investigaciones es si el problema radica en la falta de recursos o en la capacidad para administrarlos.
Los datos indican que el país ha conseguido financiamiento suficiente para impulsar cambios importantes en áreas estratégicas.
Sin embargo, la persistencia de los problemas originales sugiere que existen dificultades en la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de las inversiones.
La contratación de deuda, por sí sola, no garantiza resultados.
Los préstamos pueden proporcionar recursos financieros, pero el impacto depende de la capacidad institucional para transformar esos recursos en obras, servicios y mejoras tangibles para la población.
En el tránsito, los ciudadanos continúan perdiendo horas productivas atrapados en congestionamientos.
En materia climática, el país sigue figurando entre las naciones más vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.
Ambas realidades reflejan una brecha entre las inversiones anunciadas y los resultados obtenidos.
Un reto para las futuras generaciones
La República Dominicana enfrenta hoy un desafío que trasciende gobiernos y ciclos electorales.
Los préstamos contratados deberán ser pagados durante las próximas décadas mediante recursos públicos.
Algunos de los acuerdos relacionados con movilidad urbana tienen vencimientos que se extienden hasta 2039 y más allá.
Lo mismo ocurre con una parte importante de los financiamientos climáticos.
Por esa razón, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero toma prestado el país, sino en qué tan efectivamente se utilizan esos recursos.
Las investigaciones del Listín Diario muestran que la nación ha realizado un esfuerzo financiero sin precedentes para enfrentar dos de sus mayores desafíos contemporáneos.
Sin embargo, también evidencian que el endeudamiento continúa avanzando a un ritmo superior al de las soluciones.
La gran prueba para las autoridades consiste ahora en demostrar que esos más de 4,700 millones de dólares no terminarán convertidos únicamente en nuevas obligaciones financieras para las futuras generaciones, sino en inversiones capaces de transformar la movilidad urbana, fortalecer la resiliencia climática y mejorar la calidad de vida de millones de dominicanos.