Magin: El hombre que ya había visto esta película
Existe una regla no escrita en los gobiernos: los éxitos son del Presidente y los errores, si aparecen, se reparten entre ministros, asesores, técnicos, el clima, la oposición y, en ocasiones extremas, hasta entre los astros. La personalización de los logros no suele formar parte del libreto oficial.
Sin embargo, con el paquete de medidas fiscales presentado esta semana por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quizás esa norma merezca una revisión.
No porque Magín haya inventado la pólvora ni descubierto una fórmula mágica para recaudar dinero sin costo político. Nada de eso. Simplemente porque hizo algo que parece revolucionario en estos tiempos: escuchar antes de anunciar.
Y aunque parezca increíble, eso hace una diferencia enorme.
Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. En el caso de Magín Díaz, la experiencia acumulada en el sector público resulta difícil de ignorar. Muchos lo recuerdan por su paso por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pero mucho antes había sido subsecretario de Finanzas y posteriormente asesor del entonces ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, en el desaparecido MEPyD, institución que ahora, curiosamente, termina bajo su control tras la fusión con Hacienda.
No es un recién llegado ni un improvisado. Y eso se nota.
Cuatro intentos y una derrota anunciada
Desde agosto de 2020, la administración del presidente Luis Abinader ha intentado en varias ocasiones introducir ajustes tributarios o reformas fiscales orientadas a aumentar la recaudación y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Primero llegaron los intentos de eliminar subsidios y revisar exenciones. Luego aparecieron propuestas parciales de aumento de ingresos. Más adelante surgieron iniciativas relacionadas con la racionalización del gasto y modificaciones impositivas puntuales.
Pero el episodio más recordado fue, sin duda, la frustrada reforma fiscal de 2024.
Aquella propuesta nació técnicamente sólida en algunos aspectos, pero políticamente herida de muerte. El Gobierno nunca logró construir un consenso mínimo ni una narrativa convincente que explicara por qué los sacrificios inmediatos serían compensados con beneficios futuros.
El resultado fue previsible.
La presión social aumentó. Los sectores productivos protestaron. La oposición encontró una bandera perfecta. Y el Gobierno optó por retirarla antes de que el costo político creciera.
En cada una de esas ocasiones se priorizó evitar el desgaste político por encima de los beneficios potenciales que esas reformas podían generar para el país.
Gobernar no es participar en un concurso de belleza
Hace apenas unos días, durante la presentación de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el presidente Abinader defendió esa filosofía. Recordó que en varias ocasiones ha decidido retirar iniciativas cuando percibe rechazo ciudadano.
“Eso no es debilidad”, afirmó. Y tiene razón. Hasta cierto punto. Escuchar a la población es indispensable en democracia. Gobernar de espaldas a la gente suele terminar mal.
Pero también existe el riesgo contrario: gobernar únicamente pendiente de las encuestas.
Porque los gobiernos no son elegidos para participar en concursos de popularidad ni certámenes de belleza política. Son elegidos para tomar decisiones, algunas agradables y otras inevitablemente incómodas.
Y ahí está precisamente una de las lecciones que deja esta nueva reforma.
Si la propuesta de 2024 hubiera sido trabajada con el mismo nivel de diálogo y consenso que la presentada ahora, probablemente la historia sería distinta.
Quizás hoy el Estado tendría recursos adicionales acumulados para enfrentar la crisis provocada por la guerra en Medio Oriente y para sostener los millonarios subsidios a los combustibles sin necesidad de recurrir a medidas extraordinarias.
Pero esa oportunidad se perdió.
El precedente peligroso de Lo Romero
Hay otro ejemplo reciente que merece atención.
La suspensión de la exploración minera en Romero, un proyecto con potenciales reservas significativas de oro, puede haber generado alivio en algunos sectores, pero también dejó interrogantes preocupantes.
Más allá del debate ambiental, absolutamente legítimo, existe una señal que los inversionistas observan con atención.
La percepción de que una inversión puede quedar paralizada no necesariamente por razones técnicas o legales, sino por la intensidad de la presión social y la vulnerabilidad política del gobierno de turno.
Ese tipo de señales suele tener consecuencias.
Porque el capital, especialmente en industrias de alto riesgo como la minería, necesita reglas previsibles.
Y cuando la previsibilidad desaparece, también desaparecen muchas inversiones.
La diferencia llamada Magín Díaz
Aquí es donde aparece la principal diferencia.
Desde que estaba fuera del Gobierno, Magín Díaz fue uno de los críticos más consistentes de la forma en que se manejó la reforma de 2024.
Su planteamiento era sencillo: antes de presentar una reforma hay que construir consensos.
Y eso fue exactamente lo que hizo al asumir el Ministerio de Hacienda y Economía.
Durante meses sostuvo reuniones individuales con representantes empresariales, sindicatos, economistas, gremios, sectores productivos y actores políticos.
Aquellos encuentros generaron rumores. Pero eran rumores de expectativa, no de confrontación. Todo el mundo sabía que algo venía. Todo el mundo intuía que se estaba cocinando una reforma.Y, sin embargo, nadie salió a las calles a protestar antes de conocerla. La diferencia estuvo en el método.
Cuando hasta la suerte ayuda
Luego apareció un factor imposible de planificar. La guerra en Medio Oriente.
Nadie celebra una crisis internacional. Nadie puede considerar una bendición un conflicto que genera incertidumbre económica global.
Pero desde el punto de vista político, el contexto terminó creando el escenario perfecto para la presentación de la reforma.
Los precios del petróleo volvieron a dispararse.
Los mercados internacionales comenzaron a mostrar nerviosismo.
La amenaza sobre las finanzas públicas se volvió evidente.
Y la población entendió que algo debía hacerse.
En otras palabras, la realidad hizo el trabajo que ninguna campaña de comunicación gubernamental había logrado hacer antes.
La reforma llegó en el momento oportuno.
No hay mal que por bien no venga
Todo indica que el Gobierno logrará aprobar esta reforma sin los estruendos políticos que acompañaron intentos anteriores.
No se observan amenazas masivas de protestas.
No se perciben llamados a huelgas nacionales.
No se advierte el clima de confrontación que existió en 2024.
Y si el proyecto supera el trámite congresual, el Estado obtendrá alrededor de 50 mil millones de pesos adicionales justo cuando el conflicto internacional parece encaminarse hacia una reducción de tensiones y los precios del petróleo podrían comenzar a estabilizarse.
Si eso ocurre, el Gobierno habrá logrado algo que parecía imposible hace apenas dos años: Aprobar una reforma fiscal con relativa tranquilidad política.
Por eso quizás esta vez corresponda hacer una excepción a la regla.
Porque los gobiernos son colectivos, ciertamente, pero también es cierto que algunas victorias tienen nombre y apellido.
Y en esta ocasión, al menos por ahora, buena parte del mérito parece corresponder a un funcionario que entendió algo elemental que muchos olvidan: las reformas no se imponen, se construyen.
Y cuando se construyen bien, hasta los momentos más difíciles pueden terminar jugando a favor.
Como dice el viejo refrán, no hay mal que por bien no venga. Y pocas veces una frase popular había descrito tan bien una coyuntura política y económica como la que vive hoy la República Dominicana.