Exsenador Rafael Calderón enfrentará juicio de fondo por caso de corrupción vinculado a Operación Calamar
Santo Domingo, 20 junio .– El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el exsenador de la provincia de Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez, al considerar que existen elementos de prueba suficientes para que responda ante un tribunal de fondo por su presunta participación en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la denominada Operación Calamar.
La decisión fue adoptada por la magistrada Sofía Bruno de los Santos, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), al estimar que la acusación contiene indicios suficientes para sustentar la celebración de un juicio en contra del exlegislador.
El proceso judicial contra Calderón Martínez se conoció de manera separada al expediente principal de la Operación Calamar, luego de que el tribunal dispusiera la división de su caso por razones de salud alegadas por el imputado durante el desarrollo del proceso.
Durante la audiencia preliminar, los representantes del Ministerio Público, respaldados por los abogados que representan al Estado dominicano, solicitaron formalmente el envío a juicio del exsenador.
Los fiscales argumentaron que cuentan con un amplio conjunto de pruebas documentales, financieras y testimoniales que sustentan las imputaciones formuladas en su contra.
Por su parte, la defensa técnica de Rafael Calderón, encabezada por el abogado Wilson Beriguete, pidió al tribunal rechazar la acusación y emitir un auto de no ha lugar.
Los representantes legales del excongresista sostuvieron que su defendido no cometió los hechos que le atribuye el órgano acusador y que las pruebas presentadas carecen de la fuerza necesaria para sostener una condena.
El caso forma parte del amplio expediente de la Operación Calamar, una investigación que involucra a varios exfuncionarios y colaboradores de la administración del expresidente Danilo Medina.
En el marco de este proceso, algunos imputados han sido enviados a juicio, entre ellos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, mientras que otros, como el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, fueron descargados de responsabilidad penal en la fase preliminar.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Calderón Martínez integraba una estructura criminal organizada que habría operado para gestionar expropiaciones irregulares de terrenos y desviar recursos públicos con el propósito de financiar actividades políticas vinculadas al proceso electoral de 2020.
La investigación sostiene que el exsenador aprovechaba su cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para gestionar la aprobación y desembolso de pagos correspondientes a deudas administrativas derivadas de terrenos declarados de utilidad pública.
De acuerdo con la acusación, Calderón exigía a los propietarios de esos inmuebles el pago de comisiones que oscilaban entre un 40 % y un 70 % de los montos entregados por el Estado.
El Ministerio Público afirma que dichos desembolsos se realizaban mediante acuerdos transaccionales que carecían de sustento legal y que eran utilizados exclusivamente para canalizar pagos ilícitos y sobornos dentro de la estructura investigada.
Asimismo, la acusación señala que el exlegislador habría implementado mecanismos para ocultar el origen de los fondos obtenidos de manera irregular.
Entre ellos, el uso de presuntos testaferros y empresas utilizadas para mover y encubrir recursos económicos provenientes de las operaciones investigadas.
Los fiscales identifican entre los involucrados a Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, así como a las compañías Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A., vinculadas al empresario Omar Manuel Miqui Arias, las cuales habrían servido para canalizar parte de los recursos obtenidos mediante el supuesto esquema fraudulento.
De acuerdo con las investigaciones financieras realizadas por el órgano persecutor, Rafael Calderón habría obtenido beneficios ilícitos por un monto estimado de RD$165,297,166.71, suma que presuntamente fue objeto de operaciones de ocultamiento y lavado de activos.