Abinader ha cortado por lo sano obteniendo renuncias, suspendiendo y cancelando funcionarios objeto de escándalos

Al menos 12 funcionarios afectados por destituciones, licencias o renuncias en poco más de un año

Santo Domingo, 8 Nov – El presidente Luis Abinader ha actuado con prontitud para poner fin a escándalos de sus funcionarios, suspendiendo a algunos, obteniendo renuncias y cancelando a otros, en una labor que comenzó temprano desde su asunción al poder el 16 de agosto de 2020.

La primera en caer fue su ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, quien levantó sospechas al declarar un patrimonio superior a 100 millones de pesos y al manejo de contratos con el Estado a pesar de su condición de ministra.

Abinader designó en su lugar a Luz Del Alba Jiménez Ramírez.

Otro suspendido fue el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, el 19 de enero, luego de que el funcionario lo solicitara, tras una acusación de agresión sexual por parte de una de las funcionarias de la entidad.

El ex viceministro de Salud Pública y exdirector de Gabinete, Robinson Díaz, renunció al cargo, por asuntos personales, el 19 de febrero pasado, decisión que anunció a través de su cuenta de Twitter. En el cargo designaron a Robinson Santos.

Siete días después el ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, fue destituido tras revelarse un escándalo originado tras la publicación de una licitación para la compra de jeringuillas que serían utilizadas en el Plan de Vacunación Nacional contra la Covid-19 con precios por el encima del promedio.

La licitación especifica que las jeringas serían compradas por el Estado dominicano a un precio de 25 pesos la unidad, cuando en el mercado rondaban a RD$5.

Del Ministerio de Salud también renunció la doctora Ivelisse Acosta, ex viceministra de Salud Colectiva, quien dijo tener razones “muy personales” para tomar la decisión, en del 27 de abril de 2021. Para cubrir el cargo designaron a Eladio Radhamés Pérez Antonio.

El 5 de mayo salió a relucir la renuncia de Carlos Fondeur, expresidente del Consejo de Directores del Acueducto y Alcantarillado (Coraasan) en Santiago, alegó que en la institución limitaban la empresa que preside del sector construcción ya que este es suplidor del Estado.

El cargo lo ocupa actualmente, desde el 12 de ese mismo mes, el ingeniero Conrado Antonio Asencio Torres.

El 13 de mayo pasado, la ex gerente de puerto, Feyla Rodríguez Pavón, renunció alegando “motivos personales”, luego de darse a conocer un supuesto fraude millonario que involucra a varios empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana en Puerto Plata. Por el caso algunos empleados de esa entidad están siendo investigados.

Otro funcionario acusado de agresión sexual laboral es Antonio Gómez Díaz, ex encargado regional de Aduanas, a quien luego de su suspensión, le fue impuesta la medida de seis meses de prisión domiciliaria como medida de coerción, acusado de acoso y violación sexual contra dos mujeres.

Botados del gobierno de Abinader

El presidente Luis Abinader ha sacado de su cargo a 12 funcionarios del Estado desde que asumió el gobierno el 16 de agosto de 2020.

El 30 de noviembre de 2020 fue destituido el viceministro de Interior y Policía, Víctor Polanco Severino, por su participación en una supuesta mafia en las expediciones para porte y tenencias de armas de fuego.

Polanco negó esa imputación, alegando que lo hicieron “saltar del cargo”. En su lugar, fue designado Víctor Ramón Castro.

Una de las destituciones más destacadas fue la de Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, quien por varias semanas había caído “en el ojo del huracán” por una supuesta sobreevaluación y compra irregular de jeringuillas.

El decreto 131-21 que marcó su destitución fue emitido el 26 de febrero de 2021, el día anterior al discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader. En su lugar fue nombrado el doctor Daniel Rivera.

Otra baja en el tren gubernamental fue la del general Juan Carlos Torres Robiou, quien ejercía de director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Fue sustituido por el coronel Roberto Acevedo Tejada. El general presentó su renuncia porque había sido mencionado en el expediente “Operación Coral”.

El gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Tomás Ozuna Tapia, fue destituido el 20 de mayo de este año. No se dieron a conocer los motivos.

No obstante, meses después de asumir el cargo, Ozuna Tapia había denunciado anomalías encontradas en la pasada gestión, desde pagos directos sin órdenes de compra hasta irregularidades en los contratos para la compra de equipos eléctricos. Tras su salida, Andrés Astacio asumió la gerencia.

El 15 de junio de 2021, Abinader designó a Teófilo José Tabar administrador de la Lotería Nacional, entrando en sustitución de Luis Dicent, cancelado con el decreto 379-21.

La destitución de Dicent se produjo tres días después de haber sido arrestado por el ministerio público, acusado de operar un entramado mafioso desde la Lotería Nacional para estafar a bancas de lotería por 500 millones de pesos.

Actualmente, Dicent cumple medida de coerción, como implicado en el caso de corrupción denominado “Operación 13”, que fue un sorteo amañado que quedó al descubierto.

Leonardo Faña, exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), fue otro funcionario afectado por estos escándalos.

Fue acusado de abuso sexual por una empleada de esa institución, y varios días después fue suspendido y en su lugar el presidente colocó a Danilo del Rosario. Finalmente mediante el decreto 518-21 del 20 de agosto de 2021 fue cancelado y en su lugar designado Francisco Guillermo García, actual titular del IAD.

En el juicio de fondo del caso, un mes después de su destitución, Faña fue descargado de esas imputaciones por el juez de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Daniel Nolasco.

El 24 de agosto de 2021, Julio Antonio de la Cruz fue removido de su cargo de director general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Dgecac). Había sido vinculado a irregularidades, entre ellas el nombramiento de familiares y compras arbitrarias.

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