Abinader propone sanciones severas contra corrupción pública y sicariato en República Dominicana
Santo Domingo, 4 diciembre. – El presidente Luis Abinader depositó este martes en el Senado dos proyectos de ley destinados a combatir con penas severas la corrupción en el sector público y el crimen organizado en República Dominicana.
Estas iniciativas buscan imponer sanciones ejemplares a quienes se valgan de sus cargos públicos para lucrarse de manera ilícita y, a la vez, erradicar el sicariato y otras formas de violencia extrema que afectan a la sociedad.
En el caso de los servidores del Estado que sean hallados culpables de influir en otros funcionarios para obtener beneficios económicos o judiciales, la propuesta establece penas de prisión de tres a cinco años.
Además, los responsables serán inhabilitados para ocupar cargos públicos durante cinco años y obligados a pagar multas equivalentes al doble del beneficio económico obtenido de manera ilícita.
Según se detalla en la sección IV del Proyecto de Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, los beneficiarios del tráfico de influencia también enfrentarán sanciones similares, incluidas multas de hasta diez veces el valor del beneficio ilícito o, en su defecto, de entre 25 y 100 salarios mínimos.
La corrupción en los procesos de compras y contrataciones públicas también recibe especial atención en este proyecto. De acuerdo con el artículo 55, cualquier funcionario que infrinja la Ley de Compras y Contrataciones será castigado con penas de cuatro a diez años de prisión, inhabilitación por el mismo período y multas de hasta 250 salarios mínimos.
Por otro lado, las personas físicas o jurídicas que incurran en irregularidades en estos procesos podrían enfrentar multas de hasta 500 salarios mínimos, además de penas de prisión que oscilan entre los cuatro y diez años. El documento resalta que cualquier oferente que participe en procesos de contratación pública infringiendo las normativas será sancionado con penas de tres a cinco años de prisión.
Combate al crimen organizado
El proyecto también fija sanciones para delitos de alta gravedad vinculados al crimen organizado. Con 76 artículos, la propuesta impone penas de 10 a 30 años de prisión para las personas que constituyan organizaciones criminales dedicadas a actividades como el lavado de activos, el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, la trata de menores y el tráfico de órganos humanos. Asimismo, se penalizan delitos como secuestro, estafas, desfalcos, sobornos contra el Estado, delitos medioambientales y de alta tecnología, entre otros.
El sicariato recibe un tratamiento particularmente severo en esta propuesta. Según el artículo 38, cualquier persona que cometa un asesinato a cambio de pago, recompensa o promesa de beneficio será condenada a penas de 40 a 50 años de prisión y deberá pagar multas de entre 75 y 350 salarios mínimos.
Esta misma sanción aplica a quienes contraten los servicios de un sicario, directa o indirectamente. Además, el proyecto castiga con penas de tres a diez años de prisión y multas de 30 a 50 salarios mínimos a quienes promuevan o publiciten servicios de sicariato.
La obstrucción de la justicia también está contemplada en la propuesta. Aquellos que destruyan pruebas, se nieguen a aportar información o realicen acciones que dificulten los procesos judiciales podrán enfrentar penas de 10 a 30 años de prisión.
Asimismo, las personas que incurran en estafas mediante identidades falsas o manejos fraudulentos, con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros, serán sancionadas con penas de tres a diez años de prisión y multas que podrían alcanzar los 3,000 salarios mínimos.
Un aspecto significativo de la propuesta es el endurecimiento de las penas para los reincidentes. Según el artículo 30, quienes hayan sido condenados irrevocablemente por alguno de los delitos señalados en esta ley recibirán la pena máxima correspondiente al delito cometido.
Junto a este proyecto, el presidente Abinader presentó otra pieza legislativa complementaria, titulada Proyecto de Ley sobre Atención y Representación Legal y Protección a las Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo.
Esta propuesta busca garantizar un marco de protección integral para las personas afectadas por el crimen organizado, incluyendo víctimas y testigos clave en los procesos judiciales.
La iniciativa plantea la creación de la Dirección de Atención a Víctimas, una dependencia del Ministerio Público que tendrá como objetivo diseñar y ejecutar políticas dirigidas a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas en riesgo. Esta dirección contará con especialistas en áreas como psicología, trabajo social y medicina, entre otras disciplinas, para ofrecer un servicio integral.
Ambos proyectos fueron enviados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, donde serán analizados en detalle antes de que se emita un informe. De ser aprobados en el Senado, las propuestas deberán pasar por el mismo proceso en la Cámara de Diputados antes de ser promulgadas por el Poder Ejecutivo.
