Acusados y el país esperan este jueves la sentencia del caso Odebrecht con expectativas de apelación
Santo Domingo, Oct 13 – Cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emita este jueves 14 de octubre su sentencia sobre la acusación de aceptar sobornos por 92 millones de dólares de la constructora Odebrecht para privilegiarse la asignación de obras del gobierno, cuatro dirigentes políticos (exfuncionarios), un empresario y un abogado, conocerán junto a todo el país la primera decisión de este proceso anti-corrupción iniciado en el año 2017.
Tres mujeres que integran el tribunal – las juezas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo- decidirán en primera instancia la suerte que correrán el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exsenadores Andrés Bautista García y Tommy Galán, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez; el empresario Ángel Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga.
Aunque nadie puede anticipar cuál será la decisión del tribunal, se da por descontado que ante una sentencia de descargo de algunos de los acusados, el ministerio público, que ha pedido prisión, confiscación de bienes y multas, recurrirá en apelación.
Por igual, cualquiera de los inculpables que fuere condenado, recurrirá la sentencia y continuará hacia las altas cortes en busca de su absolución.
En el caso del ministerio público, ellos consideran que han aportado “pruebas contundentes” para que el tribunal pueda condenar, mientras que la defensa de los acusados ha invocado su inocencia “por falta de pruebas” en un proceso en que solo se juzga a los supuestos sobornados y el mismo ministerio público excluyó a los ejecutivos de Odebrecht que admitieron en una corte de Nueva York que pagaron 92 millones de dólares para agenciarse favorablemente las principales obras de infraestructura del Estado entre 2001 y 2014.
Paquete de exclusiones
Aunque el ministerio público incorporó cientos de pruebas en contra del grupo, documentos clave de la acusación fueron excluidos por tribunal durante el juicio de fondo que ahora debe fallar.
Una de las pruebas clave descartada de la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fue el acuerdo donde la constructora admitió el pago de sobornos a cambio de obras públicas en varios países, incluyendo República Dominicana.
Las juezas además excluyeron del juicio el Acuerdo de Lenidad de Brasil, que facilitó el intercambio de documentos del caso entre fiscales de ambos países.
La no admisión de estas pruebas por parte del tribunal se fundamentó en que el ministerio público no depositó la traducción al español de estos documentos que están en portugués, como lo establece el Código Procesal Penal, resultando imposible incorporarlos a juicio.
La exclusión de estas dos fue acogida por el tribunal tras una objeción de la defensa del imputado Bautista García, a la que sumaron los defensores de Rondón Rijo, Díaz Rúa, Pittaluga, Galán y Rodríguez.
Las magistradas excluyeron del juicio de fondo parte de las declaraciones de Marcos Vasconcelos Cruz, que no fueron traducidas al español, al igual que algunas pruebas que presentó el ministerio público contra Galán, Bautista García y Díaz Rúa sobre supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de sus respectivas declaraciones juradas al entrar y salir de funciones públicas.
“Esperamos una condena basada en las pruebas, basada en las evidencias que se han presentado. Que les demuestre a los y las dominicanas que en este país el que es corrupto, el que toma dinero público, no sale impune, y que le demuestre a los que vean este proceso que, si tienen conductas similares, tendrán consecuencias similares”, afirmó Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la PEPCA.
Para la fiscal Ortiz, el soborno quedó demostrado con las pruebas testimoniales y el esquema documental que trazó la ruta del dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción y llegó a las cuentas de Díaz Rúa, a través del abogado Pittaluga, así como a las de Rondón y de los exlegisladores.
Los fiscales han pedido al tribunal condenas de 10 años de prisión para Rondón Rijo, quien fue representante empresarial de Odebrecht, y para Díaz Rúa. En cambio, pide al tribunal condenar a Pittaluga a siete años de prisión y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán y Rodríguez.
Los inicios del caso
El escándalo de sobornos de Odebrecht estalló en diciembre de 2016 cuando la constructora brasileña admitió en una corte de Nueva York que pagó sobornos en más de una docena de países de América Latina para garantizar hacerse con las obras públicas más importantes.
Tras esas admisiones, Odebrecht negoció con justicia de Estados Unidos y pagó allí más de 3,500 millones en multas y reveló los montos pagados en cada país, incluyendo la República Dominicana, donde funcionaba la “División de Operaciones Estructuradas”, que se encargaba de hacer las transacciones ilícitas y los pagos.
El ministerio público dominicano, dirigido entonces por Jean Alain Rodríguez, inició investigaciones y dispuso el arresto de 11 personas, incluyó dos senadores activos y un diputado que no fueron encarcelados por su condición de legisladores, logró prisión preventiva y luego de meses excluyó a ocho de los inicialmente implicados.
Los imputados entonces fueron, además de los seis que llegaron a juicio de fondo, César Sánchez, Temístocles Montás, Máximo De Óleo, Radhamés Segura, Ruddy González, Bernardo Castellanos de Moya, los entonces senadores Julio César Valentín y Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco Osoria.
Todos los acusados que guardaron prisión fueron favorecidos con libertad provisional y ocho de ellos excluidos del expediente por archivo.
