Acusan a 11 dominicanos de participar en una «estafa de abuelos» desde call centers

Estados Unidos, 30 abril – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes que 16 personas fueron acusadas en relación con una extensa «estafa de abuelos» para defraudar a estadounidenses de edad avanzada por millones de dólares.

Once hombres de la República Dominicana enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Los acusados incluyen a Juan Rafael Parra Arias, conocido como Yofre, de 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, conocido como Keko, de 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, conocido como Nelson Tech, de 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, conocido como Max Morgan, de 59 años; y Miguel Ángel Fortuna Solano, conocido como Botija o Boti, de 41 años.

Otros acusados son Félix Samuel Reynoso Ventura, conocido como Fili o Filly The Kid, de 37 años; Carlos Javier Estévez, de 45 años; Luis Junior Rodríguez Serrano, conocido como Junior, de 27 años; Miguel Ángel Vásquez, conocido como Miguel Disla, de 24 años; Jovanni Antonio Rosario García, conocido como Porky o Chop, de 45 años; y José Ismael Dilón Rodríguez, de 34 años.

Según la acusación presentada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa operada desde centros de llamadas en la República Dominicana.

Otras cinco personas también enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el mismo plan. Los acusados son Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, de 32 años, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, de 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York; y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York.

«Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares», afirmó el fiscal federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.

«En esta ‘estafa de abuelos’, los acusados presuntamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucraba a una mujer embarazada, quien luego sufrió un aborto espontáneo. Los acusados decían necesitar dinero inmediato para pagar la fianza o los honorarios de un abogado. Los abuelos, preocupados, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares», añadió el fiscal. «Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles sus ahorros», concluyó.

El agente especial interino a cargo, Darren B. McCormack, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, destacó el impacto de los supuestos ataques contra las víctimas de edad avanzada: «Estos acusados atacaron a las personas mayores, engañándolas colectivamente para que entregaran millones de dólares».

McCormack enfatizó que, para su propio beneficio, los acusados amenazaron la seguridad financiera de estadounidenses inocentes, robándoles tiempo y dinero que habían ahorrado durante años para sí mismos y sus familias.

Cómo operaban los acusados en la estafa de abuelos

Según documentos presentados en el caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arias y González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Sus víctimas incluían a residentes ancianos de varios estados de Estados Unidos, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas engañaron a cientos de estadounidenses a través del fraude, robando millones de dólares.

Los miembros de la conspiración, conocidos como «abridores», llamaban a víctimas ancianas en Estados Unidos, haciéndose pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos. Utilizaban tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de Estados Unidos. Generalmente, las víctimas recibían la noticia de que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado y necesitaba ayuda.

Una vez que los abridores convencían a las víctimas de que sus seres queridos estaban en problemas, otros empleados de los centros de llamadas, conocidos como «cerradores», se hacían pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial. Estos convencían a las víctimas de entregar miles de dólares en efectivo para ayudar a sus familiares.

Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel Fortuna Solano, Félix Samuel Reynoso Ventura y Carlos Javier Estévez, solían indicar a las víctimas que entregaran el dinero en efectivo a mensajeros que iban a sus casas a recoger el dinero. En otras ocasiones, las víctimas debían enviar el dinero en efectivo por correo.

Una vez que las víctimas entregaban el dinero, los «despachadores» del centro de llamadas, incluidos los acusados Luis Junior Rodríguez Serrano, Miguel Ángel Vásquez, Jovanni Antonio Rosario García y José Ismael Dilon Rodríguez, reclutaban y gestionaban una red de mensajeros con base en Estados Unidos para recoger el dinero de las víctimas ancianas en el noreste del país.

Los mensajeros, incluidos los cinco acusados en la denuncia, iban a las casas de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando recibos falsos. Después, entregaban el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaban los fondos a la República Dominicana.

Si los acusados son declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo. También podrían recibir una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico, así como una multa máxima de $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.El fiscal adjunto Rao, el fiscal federal Sellinger, el agente especial a cargo James E. Dennehy de la División Newark del FBI y el agente especial adjunto a cargo McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York anunciaron los cargos.El caso está siendo investigado por HIS, SSA-OIG, NYPD y el FBI. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa durante la investigación.Los abogados litigantes Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers, de la División de Protección al Consumidor de la División Civil, junto con la fiscal federal adjunta Carolyn Silane para el distrito de Nueva Jersey, están a cargo de la acusación en el caso.

Comentarios
Difundelo
Permitir Notificaciones OK No gracias