Advierten sobre la amenaza para la democracia dominicana ante la criminalización de la política
Santo Domingo, 4 noviembre – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, expresó su preocupación por la actual tendencia de criminalizar la política en la República Dominicana, advirtiendo que esto representa una amenaza para la democracia del país.
García hizo hincapié en la importancia de que el Poder Judicial esté vigilante ante esta situación, ya que considera que va en contra del principio fundamental de la Constitución que establece que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la dignidad de las personas.
En este contexto, el líder político sostuvo que es fundamental poner fin a esta situación y, en particular, abogó por la liberación del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, alegando que no representa un riesgo de fuga que justifique su detención en el proceso judicial.
«Del mismo modo, nuestro compañero Gonzalo Castillo debería ser beneficiado con un cambio en su medida de prisión domiciliaria, que le impide llevar a cabo sus actividades empresariales, políticas y sociales de manera normal», agregó García.
El político enfatizó que actualmente se enfrentan a casos de criminalización de la política, lo cual, a su juicio, amenaza la democracia. Destacó que los partidos políticos desempeñan un papel esencial en el funcionamiento de la democracia.
García hizo hincapié en que, si bien el Ministerio Público tiene la facultad de presentar cargos y solicitar medidas de prisión preventiva cuando considere que se ha violado la ley penal, los jueces deben velar por el equilibrio social, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.
El político resaltó que su llamado no busca defender la impunidad, sino garantizar que se respeten el debido proceso y las garantías constitucionales de las personas acusadas de cometer delitos o crímenes.
En relación con el caso de José Ramón Peralta, García subrayó que lleva más de 200 días en prisión preventiva como medida de coerción sin que un juez haya llevado a cabo la revisión obligatoria de su situación, lo que plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso en este caso.
