Alistan aumento de la tarifa eléctrica desde noviembre y desde ya empresarios y sindicatos advierten las consecuencias económicas y sociales
Santo Domingo, 25 oct – Con la promulgación del Decreto 655-21 que reglamenta la aplicación del Pacto Eléctrico emitido por el presidente Luis Abinader, el Gabinete del Sector Eléctrico tiene a su disposición la herramienta legal para aumentar la tarifa de electricidad como parte de las acciones para desmontar el subsidio estatal a ese sector.
Tras su divulgación el fin de semana, sectores residenciales y empresas medianas y pequeñas expresaron su preocupación por un aumento de la tarifa de la electricidad a partir del 1° de noviembre, que constituiría un golpe duro en momentos en que el país atraviesa por una pandemia que ha lesionado la economía.
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana declaró que esa alza representa una estocada para las Mipymes, que estarán obligadas a pasar esos costos a las mercancías y finalmente será el consumidor el que pagará por ellos.
Mientras que las centrales sindicales advirtieron al gobierno que un aumento en la tarifa eléctrica podría generar malestar en la población y traducirse en manifestaciones sociales por parte de los usuarios ya que el país atraviesa por un momento en el que se habla de reforma fiscal y alzas de precios de productos.
El reglamento establece que el Estado mantendrá el monopolio de las hidroeléctricas de más de cinco megavatios, del sistema de transmisión de electricidad y el desmonte gradual del subsidio eléctrico, el cual será sustituido por un bonoluz que será entregado a los hogares carenciados a través del programa “Supérate”.
El presidente del Gabinete del Sector Eléctrico, Lisandro Macarrulla, sostuvo que la promulgación de este reglamento y el cumplimiento del Pacto Eléctrico contribuirán a lograr un servicio de calidad, universal y ambiental y financieramente sostenible para la nación.
Para Macarrulla, el reglamento constituye el marco necesario para ejecutar la visión estratégica a largo plazo para el sistema energético dominicano como establece el Pacto Eléctrico.
Las acciones y medidas están dirigidas a diversificar las fuentes de energía renovable, promover la inversión de capital en innovación tecnológica para el sector, ampliación de la infraestructura, construcción y rehabilitación de redes, implementación de planes de reducción de pérdidas, expansión de electrificación en zonas no electrificadas, entre otras, según manifestó el ministro de la Presidencia.
El reglamento ratifica la prerrogativa del Gobierno dominicano de mantener la participación del Estado con carácter monopólico en la generación hidroeléctrica mayor de cinco megavatios y la transmisión de energía, garantizando igualdad de tratamiento a los distintos actores y agentes, empresas públicas y privadas.
