Aplazan para el miércoles audiencia de medidas de coerción por supuesta trata
Santo Domingo, 18 mar .- El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, aplazó hoy para el miércoles venidero la audiencia que conocía el pedido de prisión preventiva solicitado por Ministerio Público contra dos funcionarios migratorios y otras cinco personas por supuesto tráfico de personas.
El magistrado tomó la decisión luego de acoger una petición en ese sentido de los abogados de los encartados, quienes solicitaron más tiempo para analizar el expediente y preparar los presupuestos de defensa, afirmó el Ministerio Público en un documento.
Los imputados son Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Jimaní, provincia Independencia, de la Dirección General de Migración; el inspector de ese organismo, Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
El grupo es acusado de trata de personas y las autoridades han señalado a Méndez Pérez como el supuesto cabecilla del grupo.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) puso en marcha el miércoles pasado la operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados y ocupó como presuntas evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116,000 pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego.
La PETT aseguró que Méndez Pérez distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión del arresto de personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas.
Además, de que distrajo las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní, fronterizo con Haití, desde donde procedían las personas que hacía ingresar al país de manera irregular.
Los demás acusados, según las autoridades, actuaban en contubernio con Méndez en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la buena administración pública.
El Ministerio Público solicitó al tribunal de esta jurisdicción que imponga prisión preventiva en contra del funcionario local y un inspector de la Dirección General de Migración, así como contra otras cinco personas involucradas en el tráfico de inmigrantes, que fueron arrestadas el pasado miércoles como parte de la Operación Iguana.
El desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del Caso La Placa, por el que el 8 de diciembre del pasado año fue arrestado en flagrante delito Deivi Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal, a bordo de una motocicleta, a una cubana con su hija de siete años.
La PETT y la Pepca, apoyadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, iniciaron una investigación contra la estructura criminal, dirigida por los imputados Roberto Méndez Pérez y/o Robert Méndez y Johan Rosario Castillo, quienes aprovechándose de sus condiciones de coordinador e inspector del puesto fronterizo de Migración en Jimaní, provincia Independencia, coordinaron crímenes graves.
Ambos ejecutaron las acciones en coautoría con el servidor público Deivi Nova Reyes y los imputados Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán y Juan Mateo Feliciano en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la buena administración pública.
Según consta en la solicitud de medida de coerción, además del tráfico de personas y la recepción de sobornos, la cabeza de esta estructura criminal, Méndez Pérez, distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión del arresto de personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas. De igual modo, distrajo las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní.
El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo miércoles 23 de marzo, a las 9:00 de la mañana, luego de acoger una petición de las defensas de los encartados, quienes pidieron más tiempo para analizar el expediente y preparar los presupuestos.
